El ex diputado provincial y su hermano fueron derivados al Unidad Penitenciaria VIII tras ser condenados por tenencia y facilitación de material de explotación sexual contra menores y, en el caso del segundo, también por abuso.
Cinco días después de ser condenados por tenencia y facilitación de material de explotación sexual contra menores, Germán y Sebastián Kiczka fueron trasladados en las últimas horas a la Unidad Penitenciaria VIII de la localidad de Cerro Azul, en Misiones.
El exdiputado provincial y su hermano, derivados en medio de un fuerte operativo de seguridad, permanecerán allí de forma provisoria mientras se ultiman los detalles para su alojamiento definitivo en el penal I de Loreto, también en tierras coloradas y adonde iban a ser enviados inicialmente.
De acuerdo al medio local Primera Edición, la decisión de cambiar el destino por el momento se debió a una evaluación interna del Servicio Penitenciario Provincial y elevada al Tribunal Penal N°1 de Posadas, que consideró conveniente la adaptación de los condenados en la unidad de Cerro Azul.
Asimismo, se precisó que la prisión de Loreto aún no está en condiciones de recibir a los hermanos Kiczka, catalogados como de alto perfil, por lo cual es necesaria una readecuación del lugar. Según el portal Oberá Inside, la postergación será por una semana.
Desde el pasado miércoles, cuando se dio lectura al fallo judicial en el Tribunal N°1, y hasta este lunes, ambos reos permanecieron bajo observación en el sector «Traslado de internos» de la Unidad Penal VI de Posadas.
El juicio contra el exdiputado provincial y su hermano resolvió penas de 14 y 12 años de prisión, respectivamente. Ambos fueron encontrados responsables «en coautoría» de facilitación y tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI), debido al contenido hallado «en la computadora que compartían».
En tanto, a Sebastián, también condenado por abuso sexual simple agravado, se le adjudicaron otros tres hechos por lo hallado en un «pendrive y un cd que constan en la causa». El fallo estuvo en sintonía con los pedidos de la fiscalía, que había solicitado 15 y 12 años, en cada caso.
