Los procedimientos, exigidos por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se llevan a cabo en simultáneo en Capital Federal; en las ciudades bonaerenses de Ramallo y San Nicolás, y en Santa Fe.
En el marco de la investigación por las al menos 53 muertes presuntamente vinculadas al uso de fentanilo contaminado, la Justicia ordenó este viernes la realización de 22 allanamientos en domicilios ligados a HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.
Los procedimientos, exigidos por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak -quien está a cargo de la causa-, se llevan a cabo en simultáneo en Capital Federal; en las ciudades bonaerenses de Ramallo y San Nicolás, y en Santa Fe.
El objetivo es determinar si existen pruebas para que los dueños del laboratorio en el que se produjo el opioide puedan ser considerados responsables de algún delito en la serie de irregularidades que habrían desembocado en decenas de fallecimientos de pacientes afectados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.
Las inspecciones se derivan de la revisión de 267 expedientes iniciados sobre el laboratorio y el fabricante, de los cuales 117 corresponden específicamente a «desvío de calidad» en la producción de las ampollas que generaron un centenar de alertas.
La orden de Kreplak de realizar nuevos operativos -HLB Pharma y Laboratorios Ramallo ya habían sido allanados, al igual que droguerías que comercializaron fentanilo del lote contaminado- tuvo lugar después de que el magistrado aceptara al Gobierno nacional como querellante de la causa, que aún no tiene imputados.
El Ejecutivo se presentó este jueves como litigante a través del ministerio de Salud y el juez aceptó la solicitud al no encontrar incompatibilidades. El titular de la cartera, Mario Lugones, fundamentó el pedido en el «interés legítimo del Estado nacional en contribuir al esclarecimiento del caso y garantizar la protección de la salud pública».
En este sentido, destacó que la cartera sanitaría buscaría «reforzar la intervención del Estado en una causa de alto impacto sanitario» y fortalecer «la respuesta institucional frente a eventos que comprometen la salud colectiva».
En el proceso ya había sido admitido como querellante el Hospital Italiano de La Plata, que fue la primera institución médica en advertir la relación entre las muertes y la administración del medicamento.
