La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el avance de la investigación contra el ex gobernador Jorge Capitanich y varios exfuncionarios, entre ellos Marta Soneira, por presuntas adjudicaciones irregulares de tierras, fraude al Estado y lavado de activos.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó por unanimidad los planteos de nulidad presentados por las defensas del ex gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, su ex ministra de Ambiente, Marta Soneira, y otros cuatro imputados en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra de defraudación contra la administración pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito en la adjudicación de tierras fiscales. La resolución confirma la validez del requerimiento de instrucción fiscal y del llamado a prestar declaración indagatoria, habilitando así la continuidad del proceso penal.
El expediente, originado en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, tiene como eje una serie de presuntas adjudicaciones irregulares de tierras a personas vinculadas con ex funcionarios del gobierno provincial. Según el requerimiento formulado por el fiscal Carlos Amad, Capitanich está imputado como presunto autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, lavado de activos agravado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, todos en concurso real. La acusación se fundamenta en la firma de decretos que habrían facilitado el acceso a tierras públicas en condiciones presuntamente ilegales durante su gestión como gobernador del Chaco.
Uno de los datos políticos que sobresale en esta etapa del expediente es que la defensa de Capitanich, así como la de Soneira y Cian, fue asumida por Gloria Zalazar, ex ministra de Seguridad de la provincia durante su última gestión. La actual abogada planteó la nulidad del requerimiento fiscal con duras críticas a la acusación, al considerar que no hay una descripción clara del hecho delictivo ni elementos probatorios que permitan ejercer una defensa efectiva. En su presentación, advirtió sobre el impacto personal, familiar y político que genera esta imputación para sus asistidos y denunció un uso fragmentado y tendencioso de las pruebas.
El tribunal, integrado por las juezas Patricia García y Rocío Alcalá, rechazó los cuestionamientos por entender que el requerimiento de instrucción “describe el hecho investigado con especial referencia a conductas específicas”, que se encuentran adecuadamente tipificadas, y que la plataforma fáctica es suficiente para construir una sospecha razonable. Además, remarcó que esta etapa no requiere certeza plena, sino elementos que permitan avanzar en la investigación.
Las defensas de los demás imputados también habían solicitado la nulidad del llamado a indagatoria alegando falta de motivación, violación al debido proceso y afectación a la presunción de inocencia. En todos los casos, la Cámara entendió que no se acreditaron perjuicios concretos ni se evidenciaron vicios procesales que justifiquen anular los actos cuestionados. Por el contrario, señaló que el proceso se encuentra en una fase inicial y que los imputados podrán ejercer plenamente su defensa en juicio.
Con esta resolución, se ratifica el impulso de la causa y queda firme la convocatoria a prestar declaración indagatoria contra todos los involucrados. La investigación, que surgió a partir de denuncias por la entrega de tierras fiscales presuntamente a testaferros vinculados con ex funcionarios, se encuentra ahora en una etapa clave.
