En un hecho histórico para la causa annobonesa, Orlando Cartagena Lagar, Primer Ministro de la República de Annobón en representación de su pueblo, presentó una denuncia penal ante los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires contra la cúpula del régimen de Guinea Ecuatorial, acusada de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población de la isla.
La presentación se realizó con el patrocinio del abogado José Fernando Teseyra, quien solicitó que el Poder Judicial de la Nación Argentina acepte la competencia para investigar y juzgar los hechos en base al principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional y reconocido en el derecho internacional.
“La Isla de Annobón y su pueblo Ambô han sido objeto de persecución sistemática, privación arbitraria de la libertad y torturas, en el marco de un ataque generalizado y organizado por parte del régimen de Guinea Ecuatorial”, expresa la denuncia.
Crímenes denunciados
La querella detalla un patrón de violaciones a los derechos humanos que configuran delitos de lesa humanidad:
– Persecución étnica y política desde 1968, cuando Annobón fue anexada a Guinea Ecuatorial sin consulta a su población. Esto incluyó el abandono deliberado de servicios básicos, la militarización permanente de la isla y su utilización como vertedero de residuos radiactivos.
– Privación arbitraria de la libertad de 37 ciudadanos annoboneses en julio de 2024, tras firmar un manifiesto pacífico contra las explosiones provocadas por la empresa SOMAGEC en la isla. Estas detenciones fueron denunciadas ante la ONU, que las declaró manifiestamente arbitrarias en cuatro de las cinco categorías previstas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
– Torturas sistemáticas, tanto físicas como psicológicas, contra los detenidos annoboneses en dependencias policiales y en la prisión de Black Beach, incluyendo golpes, técnicas de inmovilización y amenazas con armas.
Antecedentes jurídicos
El escrito cita jurisprudencia argentina en la aplicación de la jurisdicción universal, como los casos Priebke, Arancibia Clavel y Simón, además de precedentes más recientes en los que la Justicia Federal asumió competencia sobre crímenes cometidos en España, Myanmar y Venezuela.
Asimismo, recuerda que el Estatuto de Roma y la Ley 26.200 de Implementación del Estatuto incorporan al derecho interno argentino la persecución, la privación arbitraria de la libertad y la tortura como delitos de lesa humanidad.
Pedido a la Justicia Argentina
Cartagena Lagar, nacido en Annobón y miembro de la etnia Ambô, se constituyó como parte querellante y solicitó que la Justicia argentina investigue e identifique a los responsables, entre ellos:
– El presidente de Guinea Ecuatorial al momento de los hechos.
– Autoridades de la gendarmería y del penal de Black Beach.
– La jueza y fiscales que intervinieron en el proceso irregular contra los 37 annoboneses.
-.Directivos de la empresa SOMAGEC Guinea Ecuatorial, vinculada a la explotación ilegal de recursos en la isla.
Finalmente, se requirió la cooperación internacional para obtener información de Guinea Ecuatorial, Marruecos y Paraguay —países vinculados a la empresa SOMAGEC—, así como copias certificadas del dictamen de la ONU que avala la denuncia.
“El pueblo annobonés ha sido víctima de un ataque prolongado que pone en riesgo su supervivencia. Ante la inacción de Guinea Ecuatorial y la falta de investigación internacional, corresponde que la Justicia argentina asuma su deber de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad denunciados”, concluye el escrito.
