El Ejecutivo oficializó una resolución que permite el viaje del empresario, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, tras el aval de la Corte Suprema y el pedido de la justicia estadounidense.
El Gobierno realizó los actos administrativos correspondientes para disponer la extradición de Fred Machado, el empresario juzgado en Estados Unidos por delitos como asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos. El nombre del acusado se hizo público por su financiamiento en la campaña presidencial de 2019 del actual diputado nacional, José Luis Espert. Aquella revelación significó que el dirigente político desistiera de su postulación a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires.
Fuentes oficiales confirmaron que se firmó una resolución conjunta entre la Jefatura de Gabinete (cartera que tiene bajo su órbita a la Dirección Nacional de Migraciones) y la Cancillería que se comunicó directamente al Juzgado Federal Nº 2 de Neuquén, que días atrás había resuelto declarar procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos para continuar con su situación procesal.
Esta decisión ya se firmó el jueves y quedó efectiva todo pese a no haberse publicado en el Boletín Oficial. Esto se debe a que, a diferencia de otras resoluciones, no se trata de un acto administrativo de alcance general, sino uno de alcance particular.
La semana pasada, la Oficina del Presidente había anunciado a través de un comunicado de que se habían instruido a las principales carteras intervinientes a que tomaran las decisiones legales para comenzar el proceso de extradición del presunto narcotraficante.
Y agrega: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.
Hace una semana, el máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los argumentos presentados por la defensa de Machado y avaló el pedido de extradición formulado por la justicia estadounidense. Según el fallo, la solicitud cumple con los requisitos de cooperación internacional en materia judicial, lo que permitió confirmar el proceso iniciado a raíz de la petición de las autoridades de Estados Unidos.
Esa resolución de la Corte dejó la decisión en manos del Poder Ejecutivo, que la viabilizó horas después. En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, adelantó que Machado será custodiado por las fuerzas federales.
La afirmación de la funcionaria surgió en medio de un cruce con el dirigente Juan Grabois en la red social X. “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”, escribió Bullrich.
El origen de la causa
La causa se originó cuando un Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas dictó un auto de procesamiento contra Machado y otras ocho personas. El expediente detalla que el empresario argentino enfrenta cinco cargos principales: el primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína; los cargos segundo y tercero amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, presumiendo su importación ilegal a Estados Unidos, y lo señalan como cómplice en estos delitos; el cuarto lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero; y el quinto lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.
Durante el proceso, la defensa, representada por Norberto Oneto y Roberto Rallin, presentó diversas objeciones. Alegaron la inexistencia de “doble incriminación”, cuestionaron la imparcialidad del juez federal interviniente por rechazar pruebas ofrecidas y negar la recusación solicitada, y denunciaron una supuesta violación al principio de igualdad de armas, ya que en el juicio participaron tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal frente a solo dos defensores. Además, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, que delimita el alcance del juicio de extradición, e invocaron el principio de “ne bis in idem”.
En el marco de la investigación, Machado fue vinculado al diputado José Luis Espert, quien recientemente renunció a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza tras conocerse sus lazos económicos con el empresario. Según consta en la causa, Espert habría recibido una transferencia de aproximadamente USD 200.000 en concepto de asesoría para un proyecto minero de una empresa controlada por Machado en Guatemala. Además, se le atribuye haber realizado cerca de treinta vuelos en aviones privados financiados por el empresario durante su campaña presidencial de 2019, por un monto estimado en USD 350.000.
La defensa también solicitó que se requiriera a la justicia estadounidense información sobre la situación procesal de la coimputada Kayleigh Moffet y su posible impacto en el pedido de extradición. El último informe de la Secretaría Judicial consignó que el juzgado requirente informó la condena de Moffet —mediante un acuerdo— por los cargos 4 y 5, y de Debra Mercer Lynn Erwin —tras juicio— por los cargos 1, 2, 4 y 7. Además, Estados Unidos reiteró su interés en la extradición de Machado.
Entre los fundamentos del fallo firmado este martes, la Corte Suprema sostuvo que “de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo de fecha 5 de mayo de 2021”.
La decisión final sobre la extradición recayó así en el Poder Ejecutivo, que resolvió minutos antes de las 16 horas conceder la extradición para que el empresario sea trasladado.
