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Denuncian que una ONG creada para asistir a familias afectadas por inundaciones, financió con 26 millones la campaña del kirchnerismo en Santa Fe

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Caren Tepp, la diputada chavista de Fuerza Patria con el kirchnerista Agustín Rossi.

La Asociación Civil 29 de Abril, creada para asistir a familias afectadas por inundaciones, habría aportado a las candidaturas de la chavista Caren Tepp y de Oscar “Cachi” Martínez”.

Caren Tepp junto al también diputado kirchnerista y okupa Juan Grabois.

Una denuncia formal presentada por el espacio político Provincias Unidas apuntó a la Asociación Civil 29 de Abril, de la ciudad de Santa Fe, por presunto financiamiento electoral de la lista de Fuerza Patria encabezada por Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez. La ONG fue creada hace más de veinte años con el objetivo de asistir a las familias afectadas por la inundación que golpeó la región en el año 2003, pero según la denuncia, habría desviado recursos hacia la campaña electoral del partido político.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, denunció que “dinero que debió ser para familias, para chicos, para los barrios que sufrieron la inundación de 2003, fue puesto en la campaña de Caren Tepp y Cachi Martínez”. Según los registros del centro de transparencia de Google para publicidad digital, la asociación figura como aportante en campañas de publicidad de Fuerza Patria por un monto aproximado de 26 millones de pesos.

Caren Tepp también tiene con los narco dictadores de Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

El análisis jurídico del caso resalta que esto configura una “presunta administración fraudulenta” y una posible “violación de la ley electoral”, ya que los fondos de una ONG con fines sociales habrían sido utilizados para fines políticos. La denuncia ya fue presentada ante el juez con competencia electoral, y también menciona otros aportantes sospechosos, incluido un individuo que en 2023 figuró como candidato en otra fuerza política en la provincia de Buenos Aires.

Este escándalo golpea la credibilidad del tercer sector asistencial y plantea dudas sobre la vigilancia de los fondos destinados a las organizaciones sin fines de lucro. Como indica la denuncia: “una ONG creada para asistir a los más vulnerables habría sido usada para financiar una campaña política”.

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