Una empresa norteamericana aseguró que un alto funcionario provincial le exigió 6,5 millones de dólares en criptomonedas para seguir operando. El caso, revelado por Hugo Alconada Mon, sacude a la gestión del referente de Provincias Unidas.
El entorno de Ignacio Torres, actual gobernador de Chubut enfrenta un nuevo conflicto judicial tras la difusión de una denuncia internacional que involucra a funcionarios cercanos al mandatario.
Según una demanda presentada ante un tribunal federal de California, el entonces ministro de Economía chubutense —y actual Fiscal de Estado— Andrés Meiszner habría exigido una coima de 6,5 millones de dólares en criptomonedas a la empresa estadounidense Red Chamber Group, una de las principales exportadoras pesqueras del mundo.
El caso, revelado por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, ya es conocido en los pasillos políticos de Casa Rosada como el “affaire del langostino”. La denuncia señala que el presunto pedido de soborno se realizó durante una reunión mantenida el 3 de abril de 2025 entre Meiszner y el CEO local de la compañía, Marcelo Mou, a cambio de permitir la continuidad de las operaciones en la planta de la ex Alpesca, en Puerto Madryn.
El conflicto comenzó cuando el gobierno de Torres rescindió el contrato de arrendamiento con Red Chamber, alegando incumplimientos y falta de inversiones. Pero la disputa se transformó en un escándalo internacional cuando la empresa decidió judicializar el caso en Estados Unidos, mencionando expresamente al funcionario argentino en una acusación por extorsión y corrupción.
Andrés Meiszner, actual fiscal de Estado de Chubut y exministro de Economía provincial.
Desde el gobierno provincial, el protagonista rechazó de manera categórica las acusaciones: “Jamás participé, autoricé ni toleré ese tipo de prácticas”, sostuvo en declaraciones a La Nación, al tiempo que anunció que iniciará acciones legales contra quienes lo difamen. Sin embargo, la denuncia ya provocó un fuerte impacto político en la Patagonia y abrió interrogantes sobre el manejo de los contratos públicos en la administración de Torres.
En redes sociales, periodistas especializados en el sector pesquero —como Roberto Garrone— difundieron extractos del documento judicial y pidieron explicaciones públicas al gobernador. La oposición provincial exige que se investigue a fondo la acusación y se transparenten los términos del acuerdo extrajudicial alcanzado entre el gobierno chubutense y Red Chamber, que puso fin al litigio con un convenio que incluye una nueva inversión de la empresa en Trelew.
El arreglo, que implica que la compañía abandone sus activos en Puerto Madryn, pero mantenga operaciones en el Parque Industrial de Trelew, dejó más dudas que certezas. Para algunos, se trata de un “pacto de impunidad” que evita esclarecer los presuntos delitos.
El uso de criptomonedas “no rastreables” en el presunto pedido de coima añade un elemento simbólico al escándalo: refleja la fusión entre poder político y mecanismos financieros opacos, en un contexto donde el propio presidente argentino, Javier Milei, promueve la desregulación económica y la desaparición del Estado como garante del control público.
Analistas políticos interpretan este episodio como una señal de alerta para el gobierno nacional: el discurso de “eficiencia y transparencia” que promueve el oficialismo choca con prácticas que reproducen las peores lógicas de la corrupción estatal.
