La encuesta, realizada por DC Consultores, también reveló que se vincula a los gremios con un “negocio”.
Una reciente encuesta nacional reveló que los sindicatos, lejos de ser vistos como una herramienta de defensa de derechos, atraviesan una profunda crisis de legitimidad, donde ocho de cada diez argentinos consideran que los gremios no representan a los trabajadores y los asocian directamente con intereses propios antes que con la defensa del trabajo.
La información surge del último informe de DC Consultores, realizado entre el 6 y el 8 de diciembre de 2025, sobre una muestra de 1710 casos en todo el país. El estudio, titulado “El Estado-Estorbo: el fin de la paciencia social”, revela que la gran mayoría de la sociedad cuestiona el rol del sindicalismo y se inclinan por un enfoque más pragmático, orientado a la modernización y el crecimiento económico.
El dato más contundente del relevamiento indica que el 80,69% de los encuestados afirma que los sindicatos “NO representan a los trabajadores”, y los vincula con un “negocio”. En contraposición, apenas un 19,31% siente que estas organizaciones aún los defienden. Esta pérdida de representatividad marca un punto de inflexión para el sindicalismo tradicional, que durante décadas ocupó un lugar central en la vida laboral argentina.
La crisis no se limita a la confianza, sino también a la relevancia cotidiana de los sindicatos. Para el 59,18% de los argentinos, los gremios no son importantes en su vida laboral, un dato que cobra especial peso en un mercado de trabajo con mayor presencia de monotributistas, freelancers y trabajadores de plataformas digitales, donde el modelo sindical clásico aparece desfasado de la realidad.
Fuerte apoyo a la reforma laboral
Este deterioro en la imagen sindical se traduce directamente en el amplio respaldo social a una reforma laboral. La encuesta muestra que siete de cada diez argentinos consideran urgente avanzar en cambios estructurales.
Ante la pregunta “¿Cuán urgente es la reforma laboral?”, el 61,4% respondió que es “muy urgente”, al entender que la legislación vigente “frena el desarrollo”. A ese número se suma un 10,53% que la califica como “urgente”, bajo la premisa de que el marco actual “atrasa”. En conjunto, el apoyo a la reforma supera el 71%.
Del otro lado, el rechazo a los cambios se reduce a una minoría. Solo el 21,05% considera que la reforma es “nada urgente”, sosteniendo que “estamos bien” y que una modificación podría derivar en una supuesta «pérdida de derechos». El contraste con el consenso mayoritario refleja un corrimiento del humor social, cada vez más crítico del statu quo.
La encuesta también indaga sobre qué debería debatir el Congreso Nacional en una eventual reforma. La respuesta más elegida fue contundente: el 45,58% considera que debe revisarse “todo”.
Le siguen quienes reclaman terminar con la “industria del juicio” (19,73%) y quienes impulsan la creación de nuevas relaciones laborales (17,01%). Apenas un 8,16% cree que el debate debe centrarse exclusivamente en la protección de derechos, lo que refuerza la percepción de agotamiento del sistema vigente.
En este escenario, el respaldo a la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei aparece estrechamente ligado al desgaste del sindicalismo y a una sociedad que demanda reglas más modernas, menos rigidez y mayor dinamismo económico. La encuesta deja en evidencia que, para la gran mayoría de los trabajadores, los sindicatos ya no cumplen el rol que supieron tener.
