La implementación del nuevo sistema de auditorías médicas redujo drásticamente las licencias. El Gobierno defiende la medida como una protección a los recursos públicos, mientras que los gremios denuncian trabas burocráticas y rechazos injustificados.
El Gobierno de Río Negro confirmó que el nuevo esquema de fiscalización de licencias médicas ha generado un impacto económico inmediato. Desde el inicio del control de ausentismo en septiembre de 2024, las arcas provinciales registraron un ahorro estimado de 20 mil millones de pesos. Según fuentes oficiales, esta cifra es el resultado directo de una caída en el ausentismo y una optimización en la gestión de los recursos humanos del Estado.
La medida, que tercerizó las auditorías en la empresa DIENST, surgió tras un diagnóstico que el Ejecutivo calificó de «alarmante». Previo al cambio de sistema, se habían detectado circuitos de certificados médicos falsos y profesionales que otorgaban licencias de manera indiscriminada, registrándose casos extremos de un solo médico que llegó a justificar 2.000 días de licencia.
Las cifras del «ajuste» en licencias
Los datos del relevamiento oficial, que proyecta el análisis hasta diciembre de 2025, son contundentes: de un total de 608.493 días solicitados, la auditoría denegó 274.616, lo que representa un rechazo del 45,13%.
Sin embargo, desde la Provincia aclaran que la intervención no siempre implica un rechazo total. En la mayoría de los casos se realiza una «adecuación», ajustando los plazos de reposo a estándares médicos para evitar excesos, aunque garantizando el tiempo de recuperación real.
El impacto económico se concentró en las áreas más sensibles y numerosas del Estado: Educación, Salud y la Policía explicaron el 89% del ahorro total, superando los 17 mil millones de pesos. El costo de los reemplazos es alto: un día de ausencia de un policía cuesta $173.000, mientras que en Salud asciende a $92.000 y en Educación a $65.000.
Un cambio cultural y administrativo
Tania Lastra, secretaria de la Función Pública, defendió el rol técnico de la auditoría: «Validar un certificado es proteger el derecho de quien realmente necesita curarse, diferenciándolo de quien abusa de los recursos». Las estadísticas parecen respaldar un cambio de conducta: en octubre, históricamente el mes de mayor demanda, las solicitudes cayeron en más de 14.000 días en la comparación interanual, lo que sugiere que la fiscalización desactivó pedidos especulativos.
El sistema también permitió crear un «mapa de salud», identificando que las principales causas de ausentismo son afecciones respiratorias, gastroenteritis viral y lumbalgias.
El frente gremial: rechazo y denuncias
La contracara de este ahorro fiscal es el malestar creciente en los sindicatos estatales. Gremios como UNTER (docentes) y ATE han manifestado su disconformidad con el accionar de la empresa auditora DIENST.
Las organizaciones denuncian que el sistema prioriza el recorte presupuestario por sobre la salud del trabajador. Entre las quejas más recurrentes se mencionan la burocratización excesiva para cargar certificados en la plataforma digital, el rechazo de licencias prescriptas por médicos particulares sin una revisión clínica presencial adecuada por parte de la auditora, y la falta de empatía ante cuadros de salud complejos. Para los gremios, el alto porcentaje de rechazos no refleja necesariamente «abuso» de los trabajadores, sino un endurecimiento arbitrario de los criterios para justificar el ajuste.
La respuesta oficial
Pese a las críticas, el Gobierno mantiene su postura. «Administrar los recursos públicos exige responsabilidad. Detectar irregularidades es nuestra obligación ante cada contribuyente», remarcó Lastra. El sistema continúa operando con un esquema mixto de consultorios presenciales en ciudades clave como Viedma, Roca y Bariloche, complementado con telemedicina.
