Jennifer Grisel Leiva vio el video. El padre de Ángel Nicolás López se lo mostró en el juzgado: cuatro años, llorando, pidiendo quedarse con su papá, diciéndole que no quería ir donde su madre. Leiva era la psicóloga del equipo multidisciplinario del Juzgado de Familia N°4 de Comodoro Rivadavia. Era precisamente la profesional cuya función era evaluar el estado emocional del niño y determinar si la revinculación con su madre biológica era viable o representaba un riesgo.
Según el testimonio del padre, la respuesta de Leiva fue decirle que ese video no importaba. Que lo tiraron «como un CV a la basura.»Leiva elaboró los informes técnicos que el juez Pablo José Pérez usó para ordenar la devolución del niño a Mariela Altamirano, su madre biológica, quien lo había abandonado cuando tenía un año para irse a vivir a Córdoba. Altamirano tenía antecedentes por maltrato y ya le habían quitado la tenencia de otro hijo. Esos datos estaban en el expediente. Leiva los conocía.Los informes de Leiva avalaron la revinculación de todas formas.
Ángel fue entregado a su madre en noviembre de 2025. Durante los meses siguientes, vecinos reportaron que el niño llegaba golpeado y sucio al jardín. El padre denunció ante protección, ante su abogado, ante todos los que pudo. Nadie actuó. El 5 de abril de 2026, domingo de Pascua, Ángel llegó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en coma. Tenía lesiones internas en la cabeza. Murió al día siguiente.
La responsabilidad penal de Mariela Altamirano y su pareja Maicon González la determinarán los tribunales. Pero la cadena que llevó a Ángel a esa casa esa noche comenzó mucho antes — en el escritorio de una psicóloga que tenía las pruebas del miedo de un niño y eligió ignorarlas.
Jennifer Grisel Leiva no es una víctima del sistema. Es parte del sistema. Tenía formación, tenía expediente, tenía el video. Tenía la información que necesitaba para proteger a ese niño y tomó la decisión opuesta. Los informes técnicos que firmó no fueron un error burocrático — fueron el instrumento que legalizó la entrega de Ángel a quien hoy es la principal sospechosa de su muerte.
Hoy se pide su inhabilitación. Miles de personas marcharon en Comodoro Rivadavia. Argentina discute si los profesionales que avalan estas decisiones deben responder por sus consecuencias con algo más que su cargo. ¿Cuántos casos así en Colombia en manos de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF con funcionarios que ignoran pruebas, que actúan bajo coacción o ideologizados?
