El abogado Walter Carrasco, defensor de Rubén Muñoz y representante legal del referente del Consejo de Bienestar Policial de Río Negro, denunció que la detención del dirigente policial responde a “una cuestión política” y cuestionó duramente las condiciones en las que permanece alojado en General Roca.
En una extensa declaración pública, Carrasco aseguró que Muñoz es “un preso político” y afirmó que el propio gobierno provincial “terminó de desenmascarar” esa situación.
“Si hay alguien que terminó de demostrar que esto es político fue el propio gobernador. Rubén habló, fue a reclamar y lo mandaron de Cipolletti a General Roca a hacer política. Lo que les molesta es la política, cuando en realidad debería molestarles el reclamo”, sostuvo.
El abogado relató que comenzó a visitar frecuentemente a Muñoz desde su detención y señaló que se encontró con una persona “de personalidad muy fuerte, con un objetivo claro y un espíritu inquebrantable”.
“La mayoría de las personas cuando atraviesan una situación de encierro pierden parte de su personalidad y hasta de su dignidad. Rubén no es así. Tiene alma de líder, sabe perfectamente por qué está detenido y cuál es su lucha”, expresó.
Carrasco indicó que inicialmente se concentró en los aspectos jurídicos de la causa, aunque rápidamente entendió que el conflicto trascendía lo judicial.
“Me encontré con un preso político. Rubén no está preso por un delito común. Está preso por sus ideas y por haberle dado voz a una comunidad silenciosa dentro de la Policía”, afirmó.
En ese sentido, defendió el derecho de los efectivos policiales a reclamar mejores condiciones laborales y aseguró que “ser policía no significa dejar de ser un trabajador”.
“La Policía de Río Negro no está bien y el castigo contra Rubén tiene que ver con haber visibilizado esa realidad. Muchas veces, cuando alguien habla, el poder se incomoda. Y cuando el poder se incomoda, acciona”, agregó.
El abogado también cuestionó la decisión judicial que derivó en la detención de Muñoz por presunto incumplimiento de reglas de conducta. Según explicó, en otros tipos de causas penales suelen aplicarse sanciones graduales y no directamente una medida de encierro.
“En muchos casos donde se rompen reglas de conducta se aplican apercibimientos o se pierde el tiempo transcurrido de condena. Acá, en el primer hecho y en un contexto público, directamente lo querían preso”, manifestó.
Carrasco sostuvo que el episodio ocurrió durante una actividad con presencia de numerosas personas y negó que existiera voluntad deliberada de acercamiento hacia la persona involucrada en la restricción judicial.
“No fue a buscar a nadie a una casa ni a una oficina. Era un lugar público, con mucha gente reclamando. Había posibilidades de otro desenlace, pero lo querían preso”, insistió.
Además, denunció presuntas irregularidades en el régimen de detención impuesto a Muñoz desde su ingreso al penal.
“Desde el día cero le impusieron una sanción sin expediente, sin fundamentación y sin posibilidad de defensa”, afirmó.
Según explicó, el principal problema no es únicamente la superpoblación carcelaria sino el aislamiento al que fue sometido el dirigente policial.
“A Rubén le dijeron desde el primer día que iba a pasar 22 horas encerrado y solo iba a tener dos horas para salir al patio. Eso ya constituye una sanción”, sostuvo.
Carrasco vinculó esa situación con el incumplimiento de las denominadas “Reglas Mandela”, los principios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de personas privadas de la libertad, impulsados tras la experiencia del ex presidente sudafricano Nelson Mandela.
“Las reglas establecen que una persona no puede permanecer aislada más de 15 días y consideran aislamiento cuando alguien pasa más de 22 horas recluido sin contacto con otros internos”, explicó.
El abogado también advirtió sobre una presunta incompatibilidad institucional debido a que el Servicio Penitenciario depende del Ministerio de Seguridad provincial.
“Está detenido en un penal controlado por personas que dependen justamente de quien lo denuncia. Eso obliga a extremar todos los controles”, indicó.
En paralelo, Carrasco confirmó que la defensa ya presentó distintos recursos y reclamos formales ante las autoridades penitenciarias.
“Lo primero que hicimos fue alertar todas las situaciones y apelar cada medida para que no queden firmes”, explicó.
Entre los planteos realizados, mencionó pedidos para mejorar las condiciones de alojamiento, permitirle ingresar una radio, terminar con el aislamiento y garantizar controles psicológicos antes de cualquier sanción disciplinaria.
“Pedimos que antes de aplicar sanciones exista intervención de profesionales de salud mental y también reclamamos el respeto de otros derechos básicos, porque él sigue siendo una persona con necesidades como cualquier otra”, sostuvo.
Asimismo, reveló que Muñoz continúa recibiendo muestras de apoyo dentro de la fuerza policial.
“Hay muchos penitenciarios que saben que la lucha de él es justa. Muchos le hacen llegar palabras de aliento, incluso algunos directivos que por abajo reconocen que no todos piensan igual”, afirmó.
Finalmente, Carrasco advirtió que, si las condiciones denunciadas no son corregidas, avanzarán judicialmente contra las autoridades responsables.
“Si esto no cambia, inevitablemente vamos a acudir a Fiscalía por abuso de autoridad y falta de deberes”, concluyó.
