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Comenzó el juicio Hotesur-Los Sauces: «Una maniobra ilícita ideada por Néstor, Máximo y Cristina Kirchner»

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En el inicio del proceso contra la exmandataria y su hijo Máximo Kirchner por lavado de dinero, la fiscalía presentó los resultados de su investigación.

El Tribunal Oral Federal 5 dio inicio este viernes al juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que están acusados Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros 17 imputados.

Florencia Kirchner quedó fuera del juicio tras ser sobreseída por una resolución firme de Casación.

Para la expresidenta es su tercer juicio oral por hechos de corrupción, mientras que su hijo enfrenta por primera vez un debate de estas características.

El proceso reúne ambos expedientes luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión de llevarlos por separado. La resolución respondió a pedidos de la fiscalía y de la Unidad de Información Financiera (UIF), con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Alejandro Slokar votó en disidencia.

La primera audiencia se realizó en la Sala AMIA de Comodoro Py. Los acusados pudieron conectarse de manera remota durante la lectura de las acusaciones, aunque sus defensores debieron estar presentes. El tribunal aclaró que las siguientes jornadas serán presenciales y se realizarán los lunes, viernes y sábados.

La investigación busca determinar si se utilizó una estructura de empresas hoteleras e inmobiliarias para canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio de la familia Kirchner.

En Los Sauces, Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de lavado de activos. A Máximo se le atribuye haber organizado esa estructura y participado en maniobras de lavado. En Hotesur, ambos afrontan principalmente cargos por lavado de dinero.

También serán juzgados Lázaro Báez y su hijo Martín, junto con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.

Uno de los puntos centrales de la causa Hotesur son los pagos que Valle Mitre, firma vinculada a Báez, habría realizado por más de $28 millones entre 2008 y 2015 por servicios en hoteles que, según la acusación, no se correspondían con una utilización real.

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