Revelaron que los violentos que entraron a romper todo en los estudios de Artear tienen cargos en la administración bonaerense y cobran entre 3 y 5 millones de pesos mensuales.
Una nueva revelación periodística sacude a la política bonaerense: varios de los militantes kirchneristas que ingresaron con violencia al edificio del canal TN y provocaron destrozos millonarios tienen cargos oficiales en la provincia de Buenos Aires y perciben sueldos de entre 3 y 5 millones de pesos mensuales.
La periodista Guadalupe Vázquez fue quien expuso la información en el programa de Jonatan Viale, donde detalló que los responsables del ataque trabajan en distintas áreas del gobierno de Axel Kicillof. “Todos tienen cargo en la provincia”, explicó, y calificó el hecho como un “escándalo”.
El ataque ocurrió el martes por la noche, horas después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. Luego de una jornada de tensión y movilización frente al domicilio de la expresidenta en Recoleta, un grupo de manifestantes se desplazó hasta el canal TN y eltrece y destrozó autos, vidrios, televisores y bicicletas en el hall central del edificio de Artear.
La escena fue filmada por cámaras de seguridad del Gobierno porteño y permitió identificar a uno de los agresores: Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, domiciliado en la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín. Fue detenido por la Policía de la Ciudad alrededor de la 1:15 de la madrugada del miércoles, en la esquina de San José y Humberto Primo, a pocas cuadras del departamento de Cristina Kirchner.
Grasso Rivaldi fue alojado en la Comisaría Vecinal 1°C, y quedó a disposición de la Justicia, que ordenó su detención formal y avanzó con las medidas de investigación.
Desde el Gobierno nacional, el portavoz presidencial Manuel Adorni expresó su repudio: “Mi solidaridad con todos los trabajadores de TN que han sufrido el ataque de un grupo de inadaptados sociales que parecen haber querido ‘defender la democracia’ destruyendo a piedrazos todo lo que han podido”, escribió en sus redes.
También se expresó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que pidió sanción a los responsables y reclamó mayor seguridad para medios de comunicación y periodistas: “Repudiamos enfáticamente el accionar de los manifestantes. Se impone una urgente investigación y sanción a los responsables”.
En el centro de la polémica queda ahora la administración bonaerense. La revelación de los sueldos millonarios que perciben los agresores en dependencias públicas provinciales enciende alarmas sobre la complicidad política detrás del ataque, y plantea serios cuestionamientos al gobernador Axel Kicillof, quien aún no se pronunció sobre este punto.
Lo cierto es que el episodio dejó en evidencia no solo el nivel de violencia con el que actúan ciertos sectores del kirchnerismo, sino también la impunidad con la que lo hacen mientras cobran sueldos del Estado.
