Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de 16 mil millones de dólares por haber expropiado mal la petrolera en 2012 durante el régimen chavista argentino, el kirchnerismo.
La justicia de Estados Unidos le ordenó este jueves a la Argentina que entregue el 51% de las acciones de YPF a «los beneficiarios del fallo como parte de pago de la sentencia» que obliga al país a desembolsar USD 16.100 millones por la expropiación de compañía petrolera en 2012.
La magistrada Loretta Preska indicó que le «concede la solicitud de los demandantes», por lo que la Nación «deberá (i) transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e (ii) instruir a BNYM para que inicie la transferencia de la participación de la república a los demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones se depositen en la cuenta», detalló el fallo.
En el mismo documento, difundido por el especialista en el tema Sebastián Maril, a través de su cuenta de X, la jueza estadounidense precisó: «Convencidos de que no se requieren alegatos orales además de los documentos presentados por las partes, se deniega la solicitud de la República» de dichos argumentos.
En marzo pasado, Preska había rechazado una presentación realizada por una ONG para dejar sin efecto la costosa pena aplicada ante la maniobra de nacionalización de YPF realizada durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento, la letrada había considerado que la acción de la fundación Republican Action for Argentina llegó fuera de tiempo, sin respetar el plazo de un año que había para reclamos.
El pedido apuntaba a que la magistrada del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York anulara el dictamen por el que condenó al país a pagar USD 16.100 millones a las firmas Burford Capital y Eton Park, y a investigar a los involucrados en dicha estatización.
En 2023, dicha jueza condenó a las autoridades nacionales por la decisión de expropiar a la española Repsol el 51% de los títulos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales sin hacer una oferta pública de adquisición a otros accionistas minoritarios de la principal firma de hidrocarburos de Argentina.
El caso se inició en 2015, cuando la inglesa Burford y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Ambas habían pertenecido al grupo argentino homónimo -de la familia Eskenazi-, y tenía una participación del 25% en YPF al momento de la nacionalización.
El reclamo de quienes se quedaron con la posibilidad de litigar se centró en compensaciones millonarias, alegando que el Estado Nacional debió proceder mediante una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
