El Presidente buscará exponer a los magistrados del fuero laboral por fallos que, según el Gobierno, responden a los intereses sindicales mafiosos.
Tras una nueva serie de fallos adversos, el presidente Javier Milei decidió intensificar su ofensiva contra el fuero laboral, al que acusa de ser un obstáculo para sus reformas. En la Casa Rosada apuntan a “exponer” a los jueces que, según su interpretación, fallan sistemáticamente a favor de los sindicatos y en contra de las medidas del Gobierno.
El malestar se disparó tras el récord de demandas en el Sistema de Riesgos del Trabajo durante el último año, y por sentencias como la de la jueza Moira Fullana, quien declaró inconstitucionales varios artículos del DNU 340 (que reglamentaba el derecho a huelga) y también falló contra la eliminación del Día del Trabajador del Estado dispuesta por el DNU 430.
“El fuero laboral ha destruido a las pymes argentinas y ha desalentado inversiones durante décadas”, confió a la web de Infobae una fuente cercana al Presidente. En ese contexto, La Libertad Avanza plantea modificar el procedimiento laboral y sumar nuevos magistrados a los tribunales.
El Gobierno ya encargó un informe para auditar los fallos de los jueces laborales y evaluar la presunta parcialidad de sus decisiones. Según el oficialismo, “el fuero laboral responde a los intereses del sindicalismo” y representa una de las mayores trabas para atraer inversiones.
Entre las alternativas que estudia el Gobierno figura el uso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires como vía de apelación en causas laborales, luego de un fallo de la Corte Suprema que habilitó su intervención como última instancia judicial en casos de la Justicia Nacional.
El traspaso de juzgados nacionales a la órbita porteña también es considerado como parte del proceso de reforma estructural que impulsa Milei.
Riesgos del trabajo y el “costo argentino”
El Gobierno se apoya en un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que estima que entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron más de 126.700 demandas laborales, con un valor equivalente a 6,9 millones de salarios mínimos, lo que se traduce en más de $2 billones en litigios.
La UART denuncia que el aumento en la litigiosidad no se debe a una mayor siniestralidad, sino a la combinación de tasas judiciales elevadas y pericias infladas que, en promedio, superan en 12,5 puntos el baremo oficial. Según el documento, “cada juicio se ha convertido en una oportunidad financiera, no en un reclamo legítimo”.
