La fiscalía ante la Cámara de Casación Penal solicitó ratificar la cifra fijada por peritos de la Corte Suprema. La defensa de la patrona de Lázaro Báez y los demás condenados cuestionó la cifra y alegó arbitrariedad en el cálculo, pero el fiscal Mario Villar aseguró que el fallo ya tiene fuerza de cosa juzgada.
El avance judicial sobre la denominada Causa Vialidad volvió a tener un capítulo clave. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, solicito que se mantenga firme el decomiso de $684.990.350.139,86 pesos, suma establecida como consecuencia del perjuicio económico ocasionado al Estado por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada por administración fraudulenta, cuestionó con dureza el cálculo y lo calificó como arbitrario. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy plantearon que se vulneró el derecho de defensa, se eligió de manera discrecional el índice de actualización y se otorgó un trato desigual respecto de otros casos judiciales.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 había fijado originalmente el decomiso en $84.835 millones. Sin embargo, tras la intervención de los peritos de la Corte Suprema y la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto se elevó a casi $685 mil millones. Incluso el perito de parte de la exvicepresidenta, José Lucas Gaincerain, había calculado que la cifra debía ser de $42.494 millones, apenas un 6% de lo establecido por los especialistas oficiales.
En su dictamen, Villar remarcó que el decomiso no constituye una pena sino una medida autónoma destinada a eliminar las ganancias obtenidas ilícitamente. “La comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceros”, sostuvo, y señaló que la decisión ya fue confirmada en distintas instancias, incluida la Corte Suprema, por lo que tiene carácter de cosa juzgada.
El fiscal también rechazó los planteos de las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda, al argumentar que los agravios presentados eran extemporáneos. Además, se opuso a que el recurso de Casación tuviera efecto suspensivo, lo que hubiera frenado la ejecución del decomiso hasta que se resolvieran las impugnaciones.
Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner insistió en que el tribunal incurrió en “arbitrariedad, falta de motivación suficiente y violación al derecho de defensa”. Aseguraron que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso transformaron una estimación provisoria en un cálculo definitivo sin posibilidad de ser controvertido.
Ahora, la decisión está en manos de los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes deberán definir en los próximos días si confirman el pedido de la fiscalía o aceptan las objeciones de la defensa. Los abogados de la ex presidenta ya anticiparon que, de ser rechazados, recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos para seguir dando pelea.
La definición sobre el decomiso no solo implica una cifra récord en materia judicial, sino que también representa un golpe económico y político de alto impacto para Cristina Kirchner y su entorno, en medio de un escenario donde las causas por corrupción vuelven a marcar la agenda pública.
