La tragedia de Lara, Brenda y Morena evidencia, otra vez, el fortalecimiento de bandas criminales enquistadas entre los más vulnerables. La grabación de la tortura, clave en la investigación.
Está todo tan sucio, tan mal en el caso de los crímenes de Morena (20), Brenda (20) y Lara (15) que es díficil ordenar esta dolorosa crónica. Una familia humilde que apañaba la prostitución de sus hijas, es decir la violación en el caso de la menor de edad, y una sucesión de fallas del Estado por donde se infiltra el narcotráfico. Para colmo, un ministro de Seguridad bonaerense que responde con el chiquitaje de “las jurisdicciones”, al referirse a la Villa 1 11 14 que está en la Ciudad de Buenos Aires.
Lo concreto es que las tres jóvenes que desaparecieron desde el viernes fueron encontradas sin vida dentro de un pozo séptico en Florencio Varela, zona sur del conurbano bonaerense. Fueron cruelmente golpeadas y acuchilladas, según la autopsia. También hay claros signos de tortura narco: extremidades cortadas, quemaduras y los pies encintados.
Otro elemento macabro: la tortura fue grabada y transmitida en vivo por una red social para un grupo cerrado de 45 personas, miembros de la red criminal. Este material puede ser clave para avanzar con más detenciones. Al respecto, el abogado especializado en derecho informático Hugo Sorbo, explicó a Newstad: “Los cuatro que están detenidos tienen que proveer datos de quiénes eran los usuarios en esa transmisión, para que la fiscalía oficie a Meta (la empresa detrás de Instagram)”.
Sorbo detalla que si se logra eso “se pueden sacar direcciones de IP” y también determinar eventuales responsabilidades de esas 45 personas que vieron todo: “Encubrimiento, mínimo”, asegura el abogado. Pero aclara: “Hay que ver cada caso para ver si hay encubrimiento, o alguna participación secundaria, partícipe necesario, y tienen que tener conocimiento de lo que se iba a hacer en ese video”.
“Desde el punto de vista de la defensa, la fiscalía va a tener que probar que tenían conocimiento de lo que iba a pasar, entones ahí puede haber encubrimiento, por lo menos”, cierra el perito informático sobre este punto clave de la investigación.
La policía no escuchó
El caso expone una trama de violencia extrema, inoperancia estatal y un tejido social y familiar roto. Las tres habían desaparecido en La Matanza y sus cuerpos fueron hallados días después en el sur del conurbano bonaerense, una zona marcada por la presencia del narcotráfico y la trata de personas.
La familia sabía que eran trabajadores sexuales y que se movían habitualmente en “Didi” para ir a un boliche en Flores, pero ese viernes las pasaron a buscar. La trampa fue un supuesto evento a cambio de 300 dólares para cada una, y cayeron: en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, en Monseñor Bufano y Avenida Crovara las recogió una camioneta Chevrolet Tracker blanca. El vehículo luego fue prendido fuego. Todo absolutamente planeado para descartar las pruebas de esta secuencia fatal.
Las familias de las víctimas señalaron que el sábado intentaron denunciar la desaparición, pero en la comisaría les pidieron que regresaran al día siguiente.
El ministro de Seguridad bonaerense de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, a quien se le conoce muy poco la voz, relató que se hizo un “trabajo de investigación y de campo” para determinar que se trató de “una venganza narco”.
¿Por qué ese trabajo de investigación y de campo no se hizo antes de que las mataran? La banda secuestró, mató y enterró en terreno bonaerense, pero el funcionario se encargó de aclarar que los narcos operaban dentro de la villa porteña 1 11 14. Es harto sabido que ese barrio vulnerable también está atravesado por el narco entre una mayoría de gente trabajadora, pero evidentemente esta banda se movía con comodidad en conurbano sur.
Leonel, el padre de Brenda expuso al intendente Fernando Espinoza: “Esto es una red. El intendente dijo que puso cámaras: “¿Dónde están?, dónde está el fiscal? Esperamos muchísimas más detenciones”. Por la tarde, el abuelo de Moreno y Brenda agregó: “Nadie vino a ponernos una mano en el hombro”.
“Mañana van a seguir llevándose cuatro, cinco chicas” agregó en medio de lágrimas, acostumbrado al desamparo estatal.
No importa sin eran trabajadoras sexuales, abogadas o empleadas de comercio. Lo que se evidencia una vez más es que los narcos penetran en las familias, que con su dinero fácil captan jóvenes hijos e hijas de familias que hace décadas no pueden progresar. El Estado elefantiásico no los cuidó. Pero para Espinoza, “La Matanza, avanza”.
