El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el parásito Rodolfo Aguiar, acusándolo de atentar contra el orden institucional.
El clima político volvió a tensarse luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación denunciara penalmente a Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por declaraciones públicas que, según el Gobierno, constituyen una amenaza directa al orden constitucional. La presentación fue realizada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, bajo instrucción de la ministra Patricia Bullrich.
El eje del conflicto se remonta a una entrevista en la que Aguiar cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral que prepara el oficialismo. En ese contexto, el sindicalista afirmó: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno”. Para la cartera de Seguridad, esa frase excede el terreno de la protesta gremial y constituye una amenaza idónea orientada a afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
La denuncia, que ya fue radicada ante la Justicia Federal, plantea que los dichos del dirigente podrían encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, los cuales prevén sanciones para quienes promuevan o anuncien acciones contra el orden constitucional y la vida democrática. En el escrito se subraya que Aguiar no solo conduce un gremio nacional, sino que también goza de una fuerte presencia mediática, lo que amplifica el impacto público de sus palabras.
La expresidenta del PRO respaldó la presentación a través de sus redes sociales, donde calificó al dirigente como “desestabilizador y golpista”, mensaje que rápidamente fue replicado por el presidente Javier Milei. Desde el Gobierno sostienen que los sindicalistas tienen derecho a expresar disconformidades, pero no a instar a una crisis institucional que pueda obstaculizar el mandato presidencial.
El documento presentado por Soto también destaca la amplia circulación de las declaraciones, reproducidas en redes sociales como Instagram, X y TikTok. Según el Ministerio, esta difusión refuerza el carácter “público y deliberado” de la amenaza, un elemento clave para sostener la acusación penal.
La disputa se produce en un momento de alta sensibilidad política, con el Ejecutivo intentando avanzar en una reforma laboral resistida por varios gremios estatales. La denuncia del Gobierno reabre el debate sobre los límites de la protesta sindical y hasta dónde pueden llegar los líderes gremiales en sus manifestaciones públicas sin incurrir en figuras penales que protegen el orden democrático.
En su presentación, Seguridad pide formalmente que la Justicia abra un sumario penal para investigar al titular de ATE y evalúe si su conducta configura una amenaza contra el Gobierno Nacional. Será ahora el Poder Judicial quien determine si las palabras del sindicalista constituyen un delito o si deben interpretarse dentro del marco político y gremial habitual en la Argentina.
