Una de las detenidas, Daniela Silva Muñoz, integra la Secretaría de Género. Junto a Nicolás Daniel Rodríguez militaron en la agrupación K “La Capitana”
En un giro decisivo de la causa que investiga una trama de abusos sexuales y captación de víctimas, la Justicia ordenó la detención y el procesamiento de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado de la provincia de Buenos Aires.
La medida fue adoptada por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, quien investiga delitos bajo la carátula de “abuso sexual con acceso carnal”. Tras ser trasladados para su indagatoria este martes, ambos imputados se negaron a declarar asistidos por su defensa.
La investigación sostiene que parte de los ataques habrían ocurrido dentro del propio edificio legislativo, específicamente en la oficina 007, dependencia vinculada a la Presidencia del cuerpo.
La fiscalía analiza una mecánica de captación a través de la militancia política y promesas de inserción laboral con altos ingresos, que derivaba en una relación de poder asimétrica y sometimiento. Según la querella, se exigía la devolución de parte del salario para fines militantes y se utilizaba una estructura denominada “La Orden de la Luz”, que empleaba lenguajes encriptados y comunicaciones codificadas.
Verónica Magario, titular del Senado bonaerense
Silva Muñoz integra la Secretaría de Género de UPCN provincia de Buenos Aires, mientras que Rodríguez se desempeñó como docente, ámbito donde habría captado a una de las víctimas. Ambos militaron en la agrupación “La Capitana” y, según denunció el abogado de las víctimas, algunas de las denunciantes incluso “dependían laboralmente de Rodríguez” dentro del mismo ambiente institucional donde habrían ocurrido los hechos, trabajando junto a sus presuntos agresores.
El expediente acumula denuncias que se extienden desde 2014 hasta 2025, contabilizando un total de cinco víctimas, cuyas identidades se mantienen en reserva. La hipótesis judicial no se limita a hechos aislados, sino que apunta a una organización estructurada que utilizaba instalaciones estatales para cometer delitos aberrantes.
La fiscal Lacki, reconocida por instruir causas de alta sensibilidad política como la de “Chocolate” Rigau, busca determinar ahora si existió una red de encubrimiento o fallas en los mecanismos de control del Senado.
