La maniobra habría costado US$ 283.000 e incluyó firmas falsas, notas plantadas y operaciones de desinformación.
Una investigación internacional basada en documentos filtrados reveló una operación de desinformación impulsada desde Rusia para afectar al gobierno de Javier Milei. Según los registros, la maniobra habría consistido en la publicación sistemática de contenidos críticos en medios argentinos, con el objetivo de influir en la opinión pública y favorecer a la izquierda.
Entre los sitios señalados aparecen C5N, Ámbito, Diario Con Vos, El Destape, Big Bang News, Diario Registrado, A24, Dos Bases, Realpolitik, Política Argentina, Tiempo Argentino, Grito del Sur, El Cronista, Infocielo, Data Clave, Agenda Urbana, Ciudadano Agro, Contraste MDP y En la Mira del Poder, entre otros. Se trata de plataformas con perfiles editoriales diversos, pero que, según la investigación, habrían sido utilizadas como canales para insertar artículos críticos contra el oficialismo.
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De acuerdo a la documentación analizada, la red —denominada internamente “La Compañía”— habría presupuestado unos US$ 283.000 para difundir al menos 250 publicaciones entre junio y octubre de 2024. Sin embargo, el informe aclara que no pudo comprobar si esos pagos se realizaron efectivamente ni quiénes fueron los destinatarios directos: medios, periodistas o intermediarios.
El mecanismo no se limitaba a enviar contenido. En muchos casos, los artículos habrían sido introducidos a través de terceros, presentados como agencias de prensa o consultoras, lo que facilitó su publicación sin controles editoriales estrictos. Varios de los propios actores consultados en la investigación declararon que ese tipo de material se publicaba con «escasa verificación» previa.
Uno de los elementos más contundentes del caso es la utilización de autores ficticios para firmar las notas. El ejemplo más claro es Gabriel Di Taranto, quien figura en múltiples artículos publicados en distintos medios. Se lo presentaba como especialista con formación académica en la Universidad Nacional de Avellaneda, pero la institución negó su existencia. Además, su imagen habría sido generada con inteligencia artificial, lo que confirma el uso de identidades falsas para dar credibilidad a los contenidos.
La aparición de estas firmas fantasma, junto con la repetición de narrativas alineadas con intereses rusos y contrarias a la política exterior del Gobierno, refuerza la hipótesis de una operación coordinada. No se trató únicamente de críticas políticas, sino de un esquema diseñado para instalar agenda y erosionar la legitimidad del Ejecutivo.
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Estas operaciones no eran desconocidas para el Estado argentino. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había identificado ya en 2025, la estructura conocida como “La Compañía” y detectado a ciudadanos rusos operando en el país con el objetivo de influir en la agenda local y desplegar campañas de desinformación.
Según la investigación oficial, esta red no solo buscaba instalar contenido en medios, sino también construir vínculos con actores locales, intervenir en organizaciones y medir el impacto de sus mensajes. Es decir, no se trataba únicamente de propaganda, sino de una estrategia más amplia de injerencia sobre el debate público y político argentino.
