La Fundación Más Vida -la misma que oportunamente denunció a la jueza Perez Ballester por el caso Lucio Dupuy- presentó una denuncia penal contras las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes serían las principales responsables de enviar al menor Ángel López de 4 años de edad a vivir con su progenitora y la pareja de ésta última, antes de morir.
“La denuncia es por violación de los deberes de funcionario público y Falso Testimonio (Art. 248 y 275 del Código Penal) ya que la actuación de las denunciadas fue como peritos designados en la causa de familia en la que la progenitora reclamaba la tenencia del menor, junto con una denuncia hacia el padre de Ángel, Luis López en la que la falsamente se lo había acusado de violencia”, informaron desde la fundación.
Si bien los principales imputados por la muerte de Ángel son su progenitora Mariela Altamirano y la pareja de ésta, quien ya contaría con antecedentes de maltrato, y que actualmente se encuentran detenidos a la espera del juicio, la responsabilidad que se le imputa a las psicólogas del cuerpo forense es porque su informe resultó trascendental para que el juez ordene la revinculación de Ángel con su madre biológica, a pesar de existir serias advertencias de parte del padre del menor, y del propio Ángel que literalmente pedía a gritos no ir con su madre biológica.
El propio papá de Ángel denunció que la psicóloga Leiva se reía de él y de su pareja que criaron a Ángel desde que era un bebé, e hizo caso omiso a todos los videos que advertían que Ángel era maltratado en la vivienda de Mariela Altamirano.
El Dr. Raúl Magnasco, presidente de la Fundación Mas Vida detalló que “el principal eje de la denuncia consiste en el informe falso que las peritos presentaron para forzar la revinculación, desoyendo al padre por cuestiones mas ideológicas que técnicas, abandonando a la víctima que requería de su protección, a la que tampoco quisieron escuchar, y sobre todo por haber omitido realizar el estudio ambiental, ya que del lugar donde residía Altamirano surge con claridad que no estaba habilitado para criar a ningún niño allí. Solo con eso habría sido suficiente para salvar la vida de Ángel y no lo hicieron. Faltaron a su deber.”
La denuncia fue recepcionada ayer por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, y posteriormente remitida a la Unidad Fiscal de dicha ciudad.
