Fue tras la apelación del Gobierno de Milei, frente a la medida que dictó el juez kirchnerista Raúl Ojeda.
La disputa judicial por la reforma laboral sumó un giro clave este jueves: la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado parte de la ley y habilitó nuevamente la vigencia de 83 artículos cuestionados por la CGT.
La decisión fue tomada por la Sala VIII del tribunal, que hizo lugar al planteo del Estado nacional y modificó el efecto del recurso de apelación presentado contra el fallo de primera instancia. En términos prácticos, esto implica que la suspensión dictada semanas atrás deja de regir mientras continúa el proceso judicial.
El caso se tramita en el expediente iniciado por la Confederación General del Trabajo contra el Estado nacional, donde se discute la constitucionalidad de distintos puntos de la Ley 27.802, uno de los ejes centrales del paquete de reformas impulsado por el Gobierno.
En marzo, el juez Enrique Ojeda había dado lugar a una medida cautelar solicitada por la central sindical, al considerar que existían elementos suficientes para frenar la aplicación de una parte significativa de la norma. Entre los argumentos, se destacaban la posible afectación de derechos laborales y el riesgo de daño irreparable.
Sin embargo, el Gobierno apeló esa resolución y pidió que el recurso tuviera efecto suspensivo. Inicialmente, la apelación había sido concedida con efecto devolutivo, lo que permitía que la cautelar siguiera vigente durante la revisión. Ahora, la Cámara cambió ese criterio.
Los jueces fundamentaron su decisión en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y señalaron que cuando se suspenden normas sancionadas por el Congreso, la apelación debe tener efecto suspensivo salvo en casos excepcionales.
Según el fallo, en este expediente no se verificaban esas excepciones. Además, remarcaron la relevancia institucional de la norma cuestionada, al tratarse de una ley aprobada por el Poder Legislativo, lo que refuerza la necesidad de que su análisis sea realizado por un tribunal colegiado.
Como consecuencia directa de esta resolución, los artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos recuperan vigencia de manera inmediata, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
El conflicto judicial sigue abierto. Desde la central sindical mantienen su impugnación contra la ley y sostienen que introduce cambios que afectan derechos laborales, como modificaciones en indemnizaciones, condiciones de contratación y regulación sindical.
Por su parte, el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para modernizar el mercado laboral, reducir la litigiosidad y fomentar la formalización del empleo.
En paralelo, el Ejecutivo también presentó un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema, con el objetivo de acelerar una definición sobre la validez de la norma.
Con este nuevo fallo, la causa entra en una etapa decisiva. La Cámara deberá pronunciarse sobre el fondo del reclamo, mientras que no se descarta que el conflicto escale hasta el máximo tribunal.
Por ahora, la reforma laboral vuelve a estar plenamente vigente, en medio de una fuerte disputa política y sindical que promete seguir escalando en las próximas semanas.
