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Bolivia expulsó a una dirigente comunista argentina por participar en protestas y bloqueos contra el gobierno de Rodrigo Paz

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Mercedes Trimarchi, referente de la izquierda radical argentina, fue expulsada por el gobierno boliviano tras participar activamente en movilizaciones que exigen la caída del presidente Rodrigo Paz.

El gobierno de Bolivia anunció la expulsión de la dirigente argentina Mercedes Trimarchi, referente de la izquierda radical e integrante de Izquierda Socialista, tras acusarla de participar activamente en las protestas que buscan forzar la salida del presidente Rodrigo Paz y profundizar la crisis política que atraviesa el país.

La decisión fue confirmada por el canciller Fernando Aramayo, quien sostuvo que la exdiputada argentina utilizó su ingreso como turista para realizar actividades políticas e intervenir en asuntos internos bolivianos.

“Hemos denunciado su situación migratoria y procederemos a su salida del país”, afirmó el funcionario.

Una activista extranjera en las protestas contra un gobierno democrático

La expulsión se produce en medio de una ola de bloqueos, manifestaciones y acciones coordinadas por sindicatos radicalizados, organizaciones campesinas y sectores vinculados al ex presidente socialista Evo Morales, que exigen la renuncia de Rodrigo Paz apenas seis meses después de su llegada al poder.

Para el gobierno boliviano, la presencia de Trimarchi constituye un caso evidente de injerencia extranjera.

La dirigente argentina no solo participó en manifestaciones opositoras, sino que además tomó la palabra en actos organizados por la Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizaciones que impulsa la presión contra el Ejecutivo.

Según denunció la Cancillería, la activista buscó legitimar internacionalmente una ofensiva política que amenaza la estabilidad institucional del país.

Del Congreso argentino a las calles de Bolivia

Trimarchi, actual legisladora porteña y referente histórica de la izquierda trotskista argentina, publicó en redes sociales que había viajado a Bolivia para respaldar las movilizaciones contra Rodrigo Paz.

En sus mensajes acusó al gobierno boliviano de aplicar medidas “represivas” y reclamó abiertamente la salida del mandatario.

También participó de actividades políticas en El Alto y mantuvo encuentros con organizaciones que lideran los bloqueos que mantienen cercada la ciudad de La Paz desde hace más de tres semanas.

Para las autoridades bolivianas, estas acciones exceden cualquier actividad turística o académica y representan una intervención directa en el conflicto interno.

El gobierno denuncia una ofensiva regional contra Bolivia

El canciller Fernando Aramayo fue especialmente duro al referirse a la dirigente argentina.

“¿Para qué vendría una activista argentina para azuzar un entorno tan lejano de su contexto?”, cuestionó.

Además, sostuvo que su presencia buscaba “profundizar la polarización” y alimentar el clima de confrontación política.

La administración de Rodrigo Paz considera que Bolivia enfrenta un intento coordinado de desestabilización impulsado por sectores que se resisten al fin de casi veinte años de hegemonía socialista del Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde el oficialismo señalan que detrás de muchas de las protestas existe una estrategia destinada a impedir las reformas económicas y políticas impulsadas por el nuevo gobierno.

Crecen las acusaciones de comportamiento golpista

La presencia de Trimarchi también generó fuertes críticas en el ámbito político boliviano.

El senador Leonardo Roca calificó su actuación como “sediciosa”, mientras que otros legisladores la acusaron de actuar como una agitadora política al servicio de sectores que buscan precipitar la caída de un gobierno elegido democráticamente.

Para la administración de Paz, la participación de dirigentes extranjeros en movilizaciones destinadas a forzar la renuncia presidencial constituye un hecho de extrema gravedad.

La expulsión de la dirigente argentina se suma a otras medidas adoptadas recientemente por Bolivia para frenar la injerencia externa y defender la institucionalidad democrática frente a una crisis que ya provocó desabastecimiento, pérdidas millonarias y una creciente tensión social en todo el país.

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