Un informe pericial incorporado a la causa detectó inconsistencias patrimoniales y movimientos económicos inusuales ligados al ex funcionario kirchnerista, en el expediente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Mientras el gobierno avanza firmemente en el saneamiento de las instituciones y la eliminación de los privilegios de la casta, la Justicia argentina ha dado un paso fundamental para desnudarlos. Una contundente pericia contable ha acorralado a Martín Insaurralde, uno de los máximos exponentes de la desidia y la corrupción que caracterizó a la era Kirchnerista, al confirmar que sus gastos de lujo son absolutamente incompatibles con sus ingresos declarados.
El informe, que expone la impunidad con la que se manejó el ex intendente de Lomas de Zamora, consta de un extenso análisis de 618 carillas presentado ante el juzgado federal de su propio distrito.
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Este trabajo técnico, realizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revela que tanto Insaurralde como su entorno incurrieron en «inconsistencias patrimoniales en varios ejercicios» y en gastos que «excedieron los fondos declarados en múltiples ejercicios», sin que exista una justificación clara sobre el origen de esa fortuna.
Desde una perspectiva detallada, el análisis que abarca el período 2014-2023 desglosa un desfasaje financiero sistemático:
Inconsistencias en pesos: Se detectaron consumos que superaron las disponibilidades registradas en los años 2014, 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023.
Inconsistencias en dólares: Los peritos hallaron irregularidades en los ejercicios de los años 2015, 2016, 2020 y 2022.
Falta de transparencia: El reporte advierte que «más del 35% de los tramos analizados carecen de información suficiente para una valuación económica precisa».
La desvergüenza del exjefe de Gabinete bonaerense llega al punto de que, según las fuentes del caso, «los consumos no se condicen con los ingresos declarados» y la «documentación aportada no resulta suficiente para justificar el patrimonio y los movimientos financieros».
Los expertos de la Corte señalaron además que parte de la documentación entregada por la defensa del acusado presentaba «enmiendas, ausencia de certificaciones o inconsistencias en los datos personales y domicilios», una maniobra burda para intentar ocultar lo que el escándalo del yate “Bandido” en Marbella ya había dejado en evidencia ante toda la sociedad.
La causa, impulsada por el fiscal Sergio Mola y actualmente bajo la subrogancia del juez Luis Armella, se encamina hacia una inminente citación a declaración indagatoria para el núcleo duro del investigado.
Mientras el país transita el camino de la libertad y la transparencia bajo la actual administración, casos como el de Martín Insaurralde sirven de recordatorio sobre la urgencia de que la justicia actúe con todo el peso de la ley contra quienes utilizaron el Estado para su enriquecimiento ilícito y el lavado de activos.
El informe pericial concluye de forma lapidaria que la falta de respaldo documental «limita la posibilidad de arribar a una conclusión definitiva» sobre la totalidad del desvío, pero es más que suficiente para confirmar que el nivel de vida del jerarca Kirchnerista fue financiado por fuera de toda legalidad.
