La UIF sostuvo que existió una maniobra para desviar más de $206 millones destinados a viviendas sociales y apuntó contra ex funcionarios K y responsables de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió condenas de hasta seis años de prisión para Julio De Vido, José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender en la causa por presuntas irregularidades en el programa de viviendas Sueños Compartidos.
Ante el Tribunal Oral Federal 5, el organismo acusador sostuvo que existió una administración fraudulenta en perjuicio del Estado y solicitó para los exfuncionarios de Planificación Federal penas de seis años de cárcel, además de inhabilitación especial perpetua.
Según la UIF, De Vido habría brindado respaldo institucional al esquema, López permitió pagos sin controles suficientes y Fatala aprobó proyectos que no cumplían con los requisitos establecidos.
En tanto, señaló a los hermanos Schoklender como responsables de la administración de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y pidió para ellos la misma pena.
También reclamó cuatro años de prisión para Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, vinculados a las obras realizadas en Santiago del Estero.
Durante su alegato, la querella afirmó que la maniobra provocó un perjuicio económico de más de $206 millones a valores históricos y cuestionó que una parte importante de los proyectos habitacionales quedara inconclusa o abandonada.
La causa investiga el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales entre 2005 y 2011, período en el que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió obras mediante adjudicaciones directas.
El juicio continuará con los alegatos de las defensas y el fallo podría conocerse en septiembre.
