La iniciativa endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur y propone un nuevo esquema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur.
La iniciativa fue presentada luego del rechazo oficial al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas extranjeras.
El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y extender las restricciones a cualquier actividad no autorizada vinculada con recursos naturales, además de los hidrocarburos.
La medida alcanzaría a las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos y la Plataforma Continental Argentina.
Las sanciones incluirían multas, pérdida de permisos e inhabilitaciones de hasta 20 años. Para los delitos relacionados con hidrocarburos, se contemplan penas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta tres millones de barriles de petróleo.
También podrían ser sancionados proveedores que faciliten bienes o servicios destinados a esas operaciones.
Las empresas involucradas podrían perder beneficios fiscales, contratos y autorizaciones para operar en Argentina. En algunos casos, el proyecto contempla su disolución. También incorpora un régimen para regularizar situaciones mediante el abandono de las actividades cuestionadas.
Otro de los ejes es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, coordinado por un Consejo encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de defensa, economía, relaciones exteriores e inteligencia.
La iniciativa también establece procedimientos ante aeronaves y buques considerados hostiles, incorpora nuevas herramientas frente a amenazas externas y modifica normas vinculadas con defensa, financiamiento electoral e inteligencia extranjera.
