
El mandatario comunicó su decisión mediante un mensaje dirigido a la población, en medio de la crisis bancaria guaraní.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo en medio de la crisis desatada por la intervención y disolución de Ueno Bank. La decisión se conoció antes de que el Congreso avanzara con el tratamiento de un pedido de juicio político en su contra, que había conseguido el respaldo de legisladores opositores y dirigentes de su propio espacio.
A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, el ahora exmandatario comunicó su decisión y sostuvo que buscaba preservar la estabilidad institucional y la paz social del país. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, expresó.
Durante su mensaje, Peña también se refirió a la situación de los ahorristas afectados por el cierre de la entidad financiera, que tenía cerca de 2,9 millones de clientes y administraba importantes recursos públicos. “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”, afirmó.
Además, reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos garantice la devolución de los recursos y pidió proteger los fondos públicos comprometidos en la entidad. “Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, sostuvo. También pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento había defraudado la confianza recibida, aunque no asumió responsabilidades por el colapso bancario.
La renuncia llegó después de que el mandatario perdiera el respaldo de dirigentes de su propio espacio político. El golpe decisivo fue el posicionamiento de Horacio Cartes, ex presidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien confirmó que el Partido Colorado acompañaría el juicio político.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en X.
En el mismo mensaje, confirmó el respaldo de la bancada oficialista al proceso de destitución: “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
El pronunciamiento tuvo una dimensión política especial porque Cartes había sido uno de los principales impulsores de la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene una fuerte influencia sobre la estructura del Partido Colorado.
Pedro Alliana asumirá la Presidencia de Paraguay tras la renuncia de Peña
Tras la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la titularidad del Poder Ejecutivo y completar el mandato constitucional hasta el 15 de agosto de 2028, de acuerdo con lo establecido en la Constitución paraguaya.
La renuncia se produjo mientras los diputados debatían la acusación contra el mandatario y su vicepresidente. La iniciativa había sido presentada por 35 legisladores opositores y disidentes del oficialismo, que cuestionaron los vínculos previos de Peña con el grupo económico controlador de Ueno Bank.
El documento acusatorio contra el presidente señalaba un presunto conflicto de intereses por su participación accionaria en Ueno Holding, además del nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay (BCP).
También incluía cuestionamientos por la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad financiera y por decisiones regulatorias que, según los legisladores, habrían favorecido al grupo económico.
La presentación llevaba las firmas de diputados como Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. Para que la acusación avanzara al Senado se necesitaba una mayoría de dos tercios de los presentes en la Cámara Baja. Luego, la Cámara Alta debía reunir otros dos tercios para declarar culpables a los funcionarios.
La crisis también generó preocupación dentro del Partido Colorado por sus consecuencias electorales de cara a los comicios presidenciales de 2028. El diputado disidente Mauricio Espínola había advertido sobre el costo político del escándalo: “Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la República en el 2028”.
El cierre de Ueno Bank dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros
El conflicto se desencadenó después de que el Banco Central del Paraguay ordenara la intervención y el procedimiento de resolución de Ueno Bank, al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa.
La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes y administraba unos USD 850 millones en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Según la investigación sobre el funcionamiento del banco, los reguladores detectaron préstamos de riesgo otorgados a empresas vinculadas con los propietarios, documentación insuficiente en determinadas operaciones y gastos que habían sido contabilizados incorrectamente como activos. Tras corregir los estados financieros, el capital de la entidad quedó por debajo de la mitad del mínimo legal requerido.
La intervención provocó el cierre de las sucursales y la suspensión de los servicios digitales, las tarjetas y las transferencias. La situación generó largas filas frente a las dependencias bancarias y protestas en Asunción, donde cientos de ahorristas reclamaron la devolución de sus depósitos y responsabilidades políticas por la crisis.
El impacto también alcanzó a los trabajadores del grupo económico. Empleados de Ueno Bank y de otras empresas de Grupo Vázquez se movilizaron para reclamar el pago de salarios y las indemnizaciones correspondientes, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos de trabajo.
Cómo será la devolución de los depósitos de Ueno Bank
En respuesta a la crisis, el Congreso paraguayo aprobó por unanimidad una ley de emergencia que Peña promulgó antes de presentar su renuncia. La normativa establece un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, equivalentes a unos USD 19.787.
El procedimiento para iniciar los pagos debe comenzar dentro de las 24 horas y no puede superar los cinco días hábiles desde la entrada en vigor de la ley. Los recursos se acreditarán mediante transferencias a cuentas bancarias de los clientes o, cuando no tengan otra cuenta habilitada, mediante pagos en efectivo.
Según informó Associated Press, las autoridades ya habían comenzado a abrir nuevas cuentas en otras entidades financieras para unos 280.000 clientes que operaban exclusivamente con Ueno Bank.
Además, el Banco Central prevé transferir las cuentas de los depositantes y los activos que todavía conservan valor a otros bancos, antes de avanzar con la liquidación de los activos restantes.
En paralelo, Peña había solicitado la renuncia de Carlos Carvallo al frente del Banco Central y designado al economista y exministro Raúl Vera Bogado como su reemplazante. La salida de Carvallo también quedó bajo cuestionamiento porque antes de asumir la conducción de la autoridad monetaria había dirigido Financiera Ueno, la entidad que dio origen al banco intervenido.
La Fiscalía imputó a 27 personas por las irregularidades en Ueno Bank
La crisis también tiene un frente judicial. La Fiscalía paraguaya imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026.
La investigación apunta a préstamos y sobregiros otorgados a empresas pertenecientes al mismo grupo económico, bajo condiciones que, según el Ministerio Público, no respetaban los parámetros habituales de evaluación del riesgo crediticio.
Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, quien compareció ante la Fiscalía junto a otros siete directivos. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para los demás ejecutivos.
Los ocho directivos fueron detenidos y trasladados a la sede fiscal bajo custodia policial, mientras manifestantes se concentraban en el lugar para reclamar responsabilidades por el colapso de la entidad.
La investigación busca determinar cómo se realizaron las operaciones cuestionadas y qué responsabilidades tuvieron los directivos y otros actores involucrados en el funcionamiento del banco.





