Un informe de Prisoners Defenders registró 39 nuevos presos políticos durante octubre y elevó a 1.353 el total de personas encarceladas por motivos ideológicos.
La dictadura comunista de Cuba volvió a superar su propio récord de represión. Al cierre de octubre, la isla registró 1.353 presos políticos, después de incorporar otros 39 casos durante el último mes, según el informe mensual de la organización Prisoners Defenders publicado este jueves.
El relevamiento expone la persecución sistemática del régimen contra quienes expresan opiniones contrarias al gobierno, participan en manifestaciones o cuestionan públicamente a las autoridades. La situación alcanza incluso a menores de edad, familias completas y personas con enfermedades graves que permanecen detenidas sin recibir los tratamientos médicos necesarios.
Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, denunció que las cifras representan un nuevo récord de represión y cuestionó la falta de una respuesta contundente de la comunidad internacional frente a las violaciones de derechos humanos en la isla.
«Cuba vuelve a batir su propio récord de represión en octubre. Son cifras que transgreden la sensibilidad de aquellos que monitoreamos la represión en Cuba, pero que deberían avergonzar a una comunidad internacional que, salvo excepciones, no está alzando, como la situación amerita, la voz por el pueblo de Cuba», afirmó en diálogo con Infobae.
El documento muestra que la persecución política no se limita a dirigentes opositores o activistas reconocidos. Dos de cada tres nuevos casos registrados durante octubre están relacionados directamente con expresiones políticas, como carteles, consignas, grafitis, propaganda o publicaciones críticas contra el régimen.
Dos de cada tres nuevos presos fueron perseguidos por expresar sus opiniones
De las 39 incorporaciones realizadas durante octubre, 26 personas —el 66,7%— fueron perseguidas por manifestaciones de expresión política.
El informe identifica cinco patrones principales: la criminalización de protestas colectivas mediante acusaciones graves, la persecución penal de opiniones individuales, la extensión de los procedimientos contra familiares y menores, el uso de la prisión provisional sin garantías judiciales y el abandono sanitario de los detenidos.
Del total de nuevos casos documentados, 26 personas permanecen físicamente encarceladas. Dieciocho están bajo prisión provisional y otras ocho cumplen condenas. Además, diez personas enfrentan medidas como reclusión domiciliaria o fianzas abusivas, impuestas por autoridades policiales o fiscales sin intervención judicial.
La dimensión de la represión también queda reflejada en la evolución de los últimos años. Durante los últimos 12 meses, Prisoners Defenders documentó 346 nuevas incorporaciones, un promedio de 29 personas por mes.
Desde las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como el 11J, hasta finales de octubre de 2026, la organización contabilizó 2.256 presos políticos en Cuba.
La dictadura procesó a seis menores de edad por sedición y pide hasta 13 años de cárcel
Uno de los episodios más graves documentados ocurrió en Morón, localidad de la provincia de Ciego de Ávila, donde 18 personas enfrentan procesos penales por «sedición» a raíz de las protestas del pasado 13 de marzo.
Entre los acusados hay seis menores de edad al momento de los hechos. Las solicitudes fiscales van de cinco a 13 años de prisión y, según Prisoners Defenders, ninguno de los 18 procedimientos contó con la intervención de un juez para examinar las acusaciones.
_
La situación de dos adolescentes resulta particularmente preocupante.
Jailer Israel Valero Luis tenía 17 años cuando participó en las manifestaciones. El propio expediente acusatorio incorpora un peritaje psiquiátrico que identifica una patología orgánica cerebral, alteraciones en el control de impulsos e inmadurez psicológica. Pese a esos antecedentes, la Fiscalía solicita siete años de privación de libertad.
El segundo caso es el de Pedro Luis Figuera Díaz, quien tenía apenas 16 años. Un informe pericial oficial determinó que presentaba un déficit mental moderado de origen orgánico cerebral y que tenía sustancialmente disminuida su capacidad para comprender el alcance de sus acciones y dirigir su conducta. La petición fiscal es de cinco años de prisión.
La organización también denunció que la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila rechazó tramitar un recurso de hábeas corpus presentado a favor de Jonathan David Muir Burgos, sin analizar el fondo del planteo.
«¿Qué clase de Estado responde a la protesta de adolescentes vulnerables con acusaciones de sedición y peticiones de años de privación de libertad?», cuestionó Larrondo, quien calificó la persecución contra menores como una situación intolerable.
Entre los adultos procesados en Morón aparecen Carlos Alejandro Carballeira Delgado y su esposa, Madiam Estela Castellanos Darias. Ambos enfrentan pedidos fiscales de 12 años de prisión por sedición, después de participar en una protesta e invitar a otros ciudadanos a sumarse a las manifestaciones.
Una familia entera quedó bajo proceso penal por protestar contra el régimen
La persecución también alcanzó a la familia Echevarría, en la provincia de Sancti Spíritus.
Óscar Echevarría Rubio y su esposa, Cleidys García, fueron detenidos el 10 de octubre después de que Óscar gritara consignas contra la dictadura desde la azotea de su vivienda. Ambos fueron trasladados a la cárcel de Nieves Morejón, donde permanecen bajo prisión provisional.
La represión también se extendió a su hija, Aitana Echevarría Rivero, de 18 años y madre de una niña
La represión también se extendió a su hija, Aitana Echevarría Rivero, de 18 años y madre de una niña de aproximadamente un año. El 22 de octubre quedó sometida a reclusión domiciliaria por su participación en la protesta.
Los tres integrantes de la familia quedaron involucrados en un mismo procedimiento penal sin que, de acuerdo con el informe, hubiera existido un pronunciamiento judicial.
«Toda una familia sometida a un procedimiento penal por expresar su disconformidad con el gobierno», denunció el presidente de Prisoners Defenders.
Presos políticos con enfermedades graves permanecen sin tratamiento médico
El abandono sanitario dentro de las cárceles cubanas constituye otro de los aspectos más alarmantes del relevamiento.
Al cierre de octubre, la organización identificó 464 presos políticos con enfermedades graves que no reciben tratamiento médico adecuado.
Entre los principales problemas registrados aparecen:
- 236 personas con desnutrición forzosa.
- 80 presos con hipertensión arterial sin medicación.
- 39 personas con asma.
- 24 detenidos con diabetes.
- 54 presos con enfermedades o afectaciones mentales y psicológicas sin atención psiquiátrica, psicológica ni farmacológica.
La mayoría de los afectados presenta varias patologías simultáneas. A esto se suman las denuncias de maltratos y torturas físicas y psicológicas, que agravan las condiciones de detención y aumentan los riesgos para la vida de los prisioneros.
Entre los casos individuales aparece el del pastor pentecostal y pintor Ariel Limias Leyva, detenido el 2 de octubre después de realizar una protesta pacífica en las escalinatas del Capitolio de La Habana. Allí exhibió carteles contra la dictadura y a favor de la libertad.
Fue trasladado a Villa Marista, señalado por organizaciones de derechos humanos como un centro de detención y tortura, y acusado de propaganda contra el orden constitucional. Su situación es especialmente delicada porque había sufrido un infarto en enero de 2026 y necesita tratamiento cardíaco permanente, que actualmente depende del esfuerzo económico de sus familiares.
Otro caso es el de Daniel Rodríguez Rodríguez, trabajador por cuenta propia detenido por fotografiar consignas críticas contra el gobierno y difundirlas en redes sociales.
El hombre padecía enfisema pulmonar y tenía un tumor detectado en uno de sus pulmones. Según denunció, su encarcelamiento interrumpió la atención médica que tenía programada.
«No solo está condenado a morir, sino a sufrir además una muerte lenta y agónica», advirtió Larrondo.
También fue detenido nuevamente Julián Manuel Mazola Beltrán, quien ya había cumplido una condena fuera de prisión. El 9 de octubre fue arrestado en San Antonio de los Baños después de presentarse ante una citación de la Seguridad del Estado. Las autoridades registraron su vivienda, confiscaron su teléfono y abrieron un nuevo procedimiento por propaganda contra el orden constitucional.
Mazola cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde junio de 2024.
Cuba acumula 1.353 presos políticos y 210 condenados por sedición
_
El informe de Prisoners Defenders también ofrece un desglose de la magnitud de la persecución política en la isla.
De las 1.353 personas registradas como presos políticos al cierre de octubre, 43 fueron detenidas cuando todavía eran menores de edad: 41 varones y dos mujeres.
Además, 210 manifestantes fueron condenados por sedición, con una pena promedio de 10,1 años de prisión. El relevamiento también contabiliza 158 mujeres que actualmente enfrentan acusaciones fiscales, medidas cautelares o condenas por motivos políticos.
La organización clasifica a los detenidos en tres categorías: 798 convictos de conciencia, 502 condenados de conciencia y 53 personas incluidas en otras categorías de presos políticos.
Larrondo sostuvo que la situación cubana no puede interpretarse como una sucesión de episodios aislados, sino como un sistema permanente de persecución contra la población que desafía al poder establecido.
«Cuba no está viviendo episodios aislados de represión. Está viviendo un sistema de represión permanente que debe llamarse por su nombre: terrorismo de Estado», afirmó.
El presidente de la organización también cuestionó el silencio de buena parte de la comunidad internacional frente a los procesos contra adolescentes, la persecución de familias y el abandono de personas enfermas dentro de las cárceles.
En los últimos 12 meses, las 346 nuevas incorporaciones a la lista de Prisoners Defenders representan casi cinco veces el total de detenidos durante la Primavera Negra de 2003, cuando el régimen cubano encarceló a decenas de disidentes y periodistas independientes en una operación que provocó una fuerte condena internacional.
A 67 años del inicio de la dictadura comunista, Cuba continúa acumulando denuncias de encarcelamientos por motivos políticos, persecución de opositores y violaciones de derechos humanos. El nuevo récord de 1.353 presos políticos vuelve a poner en evidencia la situación de quienes reclaman libertades fundamentales en la isla y el costo que enfrentan por desafiar al régimen.
