La Corte Suprema de Perú ordenó a Telefónica el pago inmediato de 916 millones de euros a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Hacienda del país sudamericano, por irregularidades en el pago del impuesto de sociedades desde 1998. El grupo que dirige José María Álvarez-Pallete se esperaba un fallo desfavorable, por lo que la empresa provisionó el monto, pese a mantener reuniones con las autoridades peruanas en los últimos meses.
El litigio se prolongó por 15 años y la sanción es la más grande en la historia de Telefónica, que intentó llegar a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo. El 2 de septiembre el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recibió en Lima a Pablo de Carvajal, secretario general y asuntos regulatorios del grupo, Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispanoamérica, Javier de Paz Mancho, vocal del Consejo de Administración y Jaume Roures, presidente de Mediapro.
Roures fue en calidad de mediador y parte interesada en el litigio, porque Mediapro desembarcó en Perú en 2019 con la transmisión de los Juegos Panamericanos y Telefónica es su principal cliente -el canal Movistar Deporte emite los partidos de la selección peruana de fútbol-. Ya en agosto Castillo aseguró que Telefónica estaba «dispuesta a pagar la deuda al pueblo para invertir en salud y educación» y el grupo reconocía la disputa con el Estado peruano.
En octubre, la filial peruana de Telefónica pagó a la Sunat unos 85 millones de euros «en relación con ciertas disputas que mantiene con dicha entidad en torno al Impuesto a la Renta de 2014». La empresa especificó entonces que «este pago se hace acogiéndonos al régimen de gradualidad regulado por la propia administración tributaria» y que en los 28 años de operaciones en Perú «ha cumplido con declarar y pagar oportunamente más de 10.000 millones de soles», o 2543 millones de euros.
Como señala El Confidencial, la filial peruana de Telefónica mantiene diversos procesos por cuestiones fiscales. Este mes provisionó 155 millones de euros por el litigio que la Corte acaba de zanjar, que hace parte del total provisionado de 916 millones de euros. Pero Telefónica anunció que recurrirá el fallo de la Corte Suprema peruana ante el CIADI, si bien cuando sea comunicada oficialmente de la sentencia procederá a pagar la multa.
