El Gobierno de Javier Milei lanzó una profunda reforma del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para reducir su planta y ponerlo en valor.
Desde la designación de Carlos Pirovano como el nuevo director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura empezó un profundo proceso de recortes en sus gastos.
El designado para liderar el saneamiento de las cuentas del instituto se encontró con un ente que, a diferencia de lo que argumentaba el anterior gobierno, no se autofinancia. Según se explicó en un reciente comunicado, el INCAA tiene al día de hoy un déficit de $4.000 millones de pesos que debe suplementar el Tesorno Nacional.
A pesar de tener $12.000 millones de pesos en concepto de ingresos por el impuesto al cine y por quedarse con el 25% de la recaudación del ENACOM, el INCAA tiene gastos por $16.000 millones de pesos, con un rojo que debe cubrir el Gobierno con el dinero de los contribuyentes.
Los grandes gastos del INCAA ni siquiera vienen de los subsidios que se entregan a las películas, ya que el 80% de sus erogaciones están destinadas a pagar sueldos propios y a mantener operativamente los múltiples edificios que tiene a su nombre, entre ellos la ENERC y el cine Gaumont.
Por el contrario, solo el 20% de los gastos están destinados a subsidiar películas del cine argentino, lo que lleva a una situación insólita: la amplia mayoría del dinero que se recauda del INCAA se consume en cuestiones operativas del propio instituto, y solo una minúscula fracción va realmente a cumplir la función por la que se lo creó.
El INCAA hoy tiene aproximadamente 1.000 empleados. En comparativa, en 2005, cuando cumplía con el mismo rol que ahora y entregaba la misma cantidad de subsidios a películas, tenía tan solo 90 empleados.
Para empezar a arreglar esta mala asignación de recursos, Pirovano firmó la Resolución 16/2024, «Suspensión de Erogaciones Económicas en el Marco de la Racionalización de Recursos», a través de la cual se recortaron $1.791 millones de pesos en gastos.
La mayoría está relacionado al recorte de empleados «políticos», aquellos contratados por locación de obra en el formato de monotributistas. A su vez, como en el resto del Sector Público Nacional, se suspendieron las horas extras, chóferes y viáticos. Por último, se suspenden los subsidios a festivales y a las provincias.
