La iniciativa buscaba impedir que personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos a cargos electivos.
El Senado rechazó por apenas un voto la sanción definitiva de la ley de Ficha Limpia, una iniciativa clave que impulsaba la inhabilitación de candidatos con condena firme en segunda instancia por delitos contra la administración pública. El proyecto, que contaba con amplio respaldo ciudadano y del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, cosechó 36 votos afirmativos, uno menos que la mayoría absoluta de 37 necesaria para su aprobación.
El resultado fue sorpresivo hasta el último momento. Si bien el rechazo del bloque kirchnerista era previsible, el inesperado alineamiento de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut —ambos del Frente Renovador de la Concordia, no vinculados a Sergio Massa— terminó por sepultar la norma que amenazaba, entre otros, con impedir una eventual candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner, condenada en segunda instancia por corrupción.
La ley Ficha Limpia buscaba modificar las condiciones de elegibilidad para cargos electivos y ejecutivos, estableciendo la inelegibilidad de quienes hubieran sido condenados en segunda instancia por delitos como fraude al Estado (art. 174, inc. 5), cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito y otros ilícitos penales tipificados en el Título XI del Código Penal. La norma también contemplaba casos de enriquecimiento ilícito conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional.
El gobierno libertario, a través de su bloque en el Senado, respaldó con firmeza el proyecto. “Es necesario para la salud de la democracia”, afirmó el sanjuanino Bruno Olivera Lucero (LLA), quien denunció “maniobras para frenarla” y describió la batalla legislativa como “una lucha cuesta arriba”.
El respaldo más enfático vino del presidente del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien advirtió: “Un corrupto no tiene idoneidad para un cargo público. Es muy triste que tengamos que estar reforzando la Constitución para poder tener gente apta dentro del Estado”. En línea con el discurso anticasta del oficialismo, Atauche sentenció: “El argentino está cansado de hacer un esfuerzo grande y que se convierta en dinero para los bolsillos de los políticos”.
A pesar del respaldo transversal de sectores opositores y del oficialismo, el bloque kirchnerista —una vez más— activó su cerrojo institucional para impedir un avance que hubiera significado un hito ético. Silvia Sapag, senadora cercana a la expresidenta, calificó la norma como una forma de “proscripción” y cuestionó al Poder Judicial. Desde una visión casi confesional, el experimentado José Mayans (Formosa) lanzó una pregunta inquietante: “¿Ustedes creen que la gente cree que se acaba la corrupción con esto?”. En paralelo, su compañera Juliana di Tullio advirtió que se recordará “a cada uno y cada una de los y las que proscriban al peronismo”.
La peronista Florencia López (La Rioja), por su parte, defendió el principio de inocencia hasta agotar todas las instancias judiciales y acusó a la Justicia de ser “pirata”, en una abierta alusión al supuesto “lawfare” contra el kirchnerismo. “Esta justicia tiene su balanza inclinada… en vez de una venda en los ojos, tiene un parche en uno solo”, lanzó.
No obstante, voces con mayor sentido institucional se impusieron en los discursos, aunque no en los números. La radical Mariana Juri (Mendoza) fue contundente: “¿A quién se le podría ocurrir que sea candidato alguien condenado? Hemos fallado como sociedad para que esta ley sea necesaria”. Junto a ella, Rodolfo Suárez, exgobernador de Mendoza, recordó que su provincia ya aplica una versión más estricta de Ficha Limpia. En ese contexto, la senadora Juri reclamó avanzar con los proyectos similares que ya se encuentran en tratamiento.
Desde Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva refutó la idea de proscripción con claridad técnica: “Esta ley no prohíbe por cuestiones ideológicas, sino legales y objetivas. Se respeta el principio del doble conforme, como reconoce la Corte Suprema”.
También Guadalupe Tagliaferri (PRO-CABA) desdramatizó los debates de autoría al destacar que “esto no es de ningún gobierno, sino un reclamo de la sociedad civil”. Y remató con una frase que sintetizó el espíritu del proyecto: “No da lo mismo ser corrupto que no serlo”.
La legislación, que ya contaba con media sanción de Diputados y había sido trabajada en extraordinarias, incluía la creación de un registro público de candidatos alcanzados por condenas firmes, y extendía la prohibición de designación a altos cargos del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados y empresas con participación estatal.
