La Justicia Federal citó al responsable de los crímenes de Manuel Roseo y Cecilia Strzyzowski, Jorge Milton Capitanich y a la ex ministra Marta Soneira para el 9 de septiembre, en la causa que investiga presuntas maniobras con adjudicaciones irregulares de terrenos y operaciones de lavado de activos.
La causa que involucra al ex gobernador Jorge Capitanich y a la exministra de Ambiente, Marta Soneira, ya tiene fecha clave. Ambos fueron citados a indagatoria para el próximo 9 de septiembre, en el marco de la investigación federal por presunto fraude al Estado, negociaciones incompatibles y lavado de dinero.
Según confirmaron fuentes judiciales, Soneira deberá presentarse a declarar a las 8 de la mañana, mientras que Capitanich lo hará a las 11. Ese mismo día también serán indagados Sheila Waicman y Darío Giménez, mientras que la jornada previa, el 8 de septiembre, comparecerán otros imputados como Mauricio Cian, Nelson Pochón, Diego Soneira, Federico Storti, Federico Soneira y Leandro Bessone.
El llamado a indagatoria llega después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazara los planteos de nulidad presentados por las defensas. En un fallo firmado por las juezas Patricia García y Rocío Alcalá, se ratificó la acusación impulsada por el fiscal federal Carlos Amad, quien detalló una serie de maniobras que habrían configurado delitos como fraude contra la administración pública y lavado agravado por habitualidad.
Los abogados defensores habían cuestionado la imputación por considerarla “vaga” y “con motivación política”, además de señalar que algunos de los hechos ya habían sido investigados en otras instancias. Sin embargo, la Cámara entendió que no se vulneraron garantías constitucionales ni existían irregularidades procesales.
Tierras y beneficios privados
La hipótesis de la fiscalía sostiene que se habría montado un esquema de adjudicación irregular de tierras fiscales a personas y empresas cercanas al poder político, en algunos casos utilizando testaferros. El expediente también apunta a la posible utilización del régimen de promoción industrial como mecanismo para encubrir operaciones de lavado.
