
Según surge del balance anual de YPF, cada integrante del directorio de la compañía percibió $1.145 millones de pesos durante 2025 en concepto de remuneraciones.

Entre quienes integran ese directorio se encuentra Andrea Confini, actual pareja del gobernador Weretilneck, quien hasta septiembre de 2025 se desempeñó como Secretaria de Estado de Energía de Río Negro, el cargo político más importante del gobierno provincial en materia energética.
El dato adquiere una dimensión particular cuando se lo compara con los ingresos del sector público provincial.
De acuerdo con el Índice Integral de Sustentabilidad Salarial (IISS) elaborado por DosNueveVeinte, el salario testigo del Estado rionegrino actualizado a febrero se ubica en $1.302.650 mensuales. Esto implica que un trabajador estatal necesitaría aproximadamente 72 años de salario completo para percibir el equivalente a lo que un director de YPF cobró en un solo año.
En términos mensuales, el ingreso promedio de un director de la compañía durante 2025 fue cercano a $93,7 millones, es decir, más de 70 veces el salario testigo del empleo público provincial.
DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA AL DIRECTORIO DE YPF
El caso Confini adquiere relevancia política porque hasta septiembre de 2025 la funcionaria ocupaba la Secretaría de Estado de Energía, desde donde coordinaba la política energética de la provincia y la relación institucional con las principales empresas del sector.
Posteriormente renunció a ese cargo y pasó a integrar el directorio de YPF, la principal empresa energética del país.
Durante el programa LUVER se señaló que esta transición abre interrogantes sobre la relación entre el Estado provincial y el sector energético, en particular en el contexto del desarrollo de Vaca Muerta y los proyectos asociados en territorio rionegrino.
EL SALARIO PÚBLICO COMO VARIABLE DE AJUSTE
El contraste adquiere mayor relevancia en un contexto en el que, según el IISS, el salario estatal rionegrino continúa ubicado por debajo del umbral de la Canasta Básica Total.
El informe indica que, incluso con el aumento automático del 5,29% aplicado en febrero, el salario testigo alcanza $1.302.650, cifra que todavía se ubica levemente por debajo del nivel de ingresos necesario para cubrir la canasta básica de una familia tipo.
Desde DosNueveVeinte se señaló que este escenario refuerza una tendencia estructural observada en los últimos años: la utilización del salario público como variable de ajuste fiscal dentro del esquema económico provincial.
El análisis presentado en LUVER también planteó que el caso Confini se inscribe en un fenómeno más amplio, definido por DosNueveVeinte como “capitalismo institucional rionegrino”, caracterizado por la creciente intersección entre decisiones políticas, gestión estatal y grandes negocios vinculados a los recursos energéticos.
En ese marco, el programa sostuvo que la transición de altos funcionarios hacia estructuras empresariales del sector energético plantea interrogantes sobre conflictos de interés, transparencia institucional y la relación entre representantes políticos y el interés público.


