El proyecto Baguales volvió a quedar en el centro de la polémica en Río Negro tras conocerse documentación oficial que expone la autorización para construir tres centrales hidroeléctricas en la cordillera, en tierras vinculadas a capitales qataríes. La iniciativa, que se desarrolla sobre el arroyo Baguales, fue habilitada en enero del 2025 mediante una resolución administrativa del Departamento Provincial de Aguas (DPA), sin tratamiento legislativo previo.
Según consta en el Boletín Oficial N° 6357 del 23 de enero de 2025, específicamente en la página 21, el gobierno de Alberto Weretilneck otorgó a la firma Río Villegas S.A.U. el permiso para el uso de agua pública con fines de generación eléctrica privada. Allí se detalla que la empresa podrá operar tres centrales -denominadas CHiBa I, II y III- dentro de una parcela de su propiedad, utilizando caudales específicos del arroyo Baguales para abastecer un emprendimiento propio.
De acuerdo con la normativa vigente en Río Negro, cualquier aprovechamiento hidroeléctrico en la provincia debe contar con una ley especial aprobada por la Legislatura. Sin embargo, la autorización fue otorgada directamente por el DPA, mediante la Resolución 75/2025, sin que el Ejecutivo enviará el proyecto para su tratamiento parlamentario.
Esta omisión es señalada como una posible inconstitucionalidad ya que el Código de Aguas establece claramente que este tipo de concesiones no puede resolverse por vía administrativa. A pesar de ello, el permiso fue concedido por un plazo de 30 años, otorgando a la empresa el uso exclusivo de un recurso público estratégico como el agua.
La documentación oficial confirma que las centrales hidroeléctricas tendrán como destino el abastecimiento energético interno del emprendimiento Baguales, un complejo turístico de alta gama ubicado en una zona de alto valor ambiental cercana a la famosa estancia de Joe Lewis en Lago Escondido visitada tiempo atrás por Juan Bautista Mahiques y otros jueces. Esas instalaciones se ubican en altura, entre los 1.100 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, aprovechando el desnivel natural del terreno.
En detalle, la resolución publicada en el Boletín Oficial establece que las centrales podrán turbinar caudales de hasta 42, 200 y 350 litros por segundo respectivamente, generando energía para uso privado, no para el sistema eléctrico público. Esto refuerza uno de los cuestionamientos centrales como el uso de un bien público para un beneficio exclusivamente particular y extranjero.
El proyecto se inserta en un esquema de expansión territorial que involucra a capitales extranjeros en la región cordillerana. El complejo Baguales, vinculado al empresario qatarí Abdulhadi Mana Al Hajri -familia directa del Emir de Qatar-, abarca unas 28.000 hectáreas en una zona lindera al Parque Nacional Nahuel Huapi .
Además, la empresa Río Villegas S.A.U., beneficiaria de la concesión, está integrada por Baguales Acquisitions S.A., sociedad que reúne al empresario qatarí y al extenista argentino Gastón Gaudio, muy amigo de Mauricio Macri quien lo promocionó en este negociado junto a Weretilneck en el 2017. En ese contexto, distintas voces advierten sobre la cesión de grandes extensiones de territorio y recursos naturales a intereses privados extranjeros.
Otro de los ejes de la controversia radica en los procedimientos ambientales. Según los fundamentos de un proyecto de derogación presentado en la Legislatura, no se habrían realizado audiencias públicas ni se garantizó la participación ciudadana en el proceso, pese a tratarse de una zona ambientalmente sensible.
Incluso se señala que el área forma parte de corredores ecológicos protegidos y que existen comunidades que deberían haber sido consultadas bajo el Convenio 169 de la OIT, algo que tampoco se habría cumplido. A esto se suma que el emprendimiento se ubica en sectores categorizados como «zona roja» dentro del ordenamiento territorial de bosques nativos.
El caso Baguales expone una tensión creciente entre el manejo de los recursos naturales, la inversión extranjera y los mecanismos institucionales de control. Y deja al descubierto además el mecanismo de cesión de tierras por parte de la gestión de Weretilneck en zonas clave como Bariloche, El Manso, El Foyel y El Bolsón: hay más que 23.000 km cuadrados en manos de extranjeros.
Algunos de ellos son conocidos como el magnate inglés Joe Lewis, que tiene la extensa propiedad alrededor del Lago Escondido con más de 12 mil hectáreas cerca del límite de fronteras, y el qatarí Abdulhadi Mana Al-Hajri, propietario del exclusivo complejo de esquí Baguales, cercano al Lago Guillelmo.
Como última revelación, se conoció la confesión de un ex polista, Hugo Barabucci, quien recibió 2 millones de dólares de los Emiratos Árabes para comprar miles de hectáreas. Esto encendió alarmas por posibles delitos económicos y violaciones a la Ley de Tierras Rurales 26.737, y además dejó expuesta la presunta inacción de organismos clave del Estado provincial. La magnitud de la operación, sumada a la sensibilidad geopolítica del territorio involucrado, convirtió el caso en un foco de tensión política con potencial impacto nacional.
Como reveló LPO, los vínculos entre Weretilneck y capitales qataríes no serían recientes. Este medio reveló intercambios entre Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA, y Pablo Toviggino donde se hace referencia directa a la relación del mandatario rionegrino con representantes de ese país, en un entramado que excede lo estrictamente deportivo.
En este contexto, el foco político se trasladó al gobierno de Weretilneck. La ausencia de intervención de organismos clave como la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Tierras y el Registro de la Propiedad Inmueble genera cuestionamientos sobre la eficacia -o la voluntad- del Estado para controlar operaciones de este tipo.
El proyecto de derogación de las concesiones
FUENTE: LA POLÍTICA ONLINE.
Rubén Muñoz preso político de Alberto Wereltineck por reclamar por los derechos de los policías que cobran sueldos muy bajos y no les alcanza para vivir continúa detenido en condiciones infrahumanas por orden de los delincuentes que manejan la provincia de Rio Negro.
Donde también hay persecución y censura contra los dueños de medios de comunicación independientes para que no informen las atrocidades que el régimen que gobierna la provincia de Rio Negro realiza.
