El debate oral por el manejo irregular de fondos públicos y presunto lavado de dinero comenzará el mes próximo, con la participación confirmada de la pareja de dirigentes sociales «vinculados al ex gobernador de Chaco, Jorge Milton Capitanich», que ya fueron condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
La Justicia se prepara para dar inicio a un nuevo debate oral contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña: el próximo 1 de septiembre comenzará el juicio que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña. Fuentes judiciales confirmaron que ambos dirigentes, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, estarán presentes en la audiencia.
Esta nueva instancia judicial llega luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratifique los procesamientos del matrimonio al rechazar los planteos de las defensas. La investigación pone el foco en el manejo de cuantiosos recursos públicos que habrían sido canalizados por la fundación mediante una operatoria que, según la acusación, carecía de trazabilidad y justificación legal.
Crecimiento millonario y retiros en efectivo.
De acuerdo con la resolución judicial previa, la entidad dirigida por los dirigentes sociales operaba casi de manera exclusiva con el Estado provincial, registrando un salto exponencial en sus ingresos. Entre los elementos que se ventilarán en el debate se encuentran los balances que daban cuenta de transferencias por más de 186 millones de pesos provenientes del Ministerio de Infraestructura y del IAFEP hacia 2023.
El núcleo de la imputación sostiene que la mayoría de estos fondos eran retirados de forma masiva en efectivo —superando los 140 millones de pesos solo en el primer semestre de ese año— por el propio Sena, lo que impedía seguir el rastro del dinero e introducía los recursos de presunto origen ilícito en el circuito legal.
Viviendas inconclusas y balances irregulares
El expediente también examina la falta de ejecución de programas habitacionales financiados con fondos públicos. Según la instrucción, la fundación recibió anticipos millonarios para la construcción de 40 viviendas sociales que nunca se concretaron, detectándose un faltante estimado en más de 62 millones de pesos.
A ello se suman las graves irregularidades contables detectadas por los peritos, tales como incrementos injustificados del 454% en rubros de mano de obra y materiales, y subas del 477% en supuestos gastos de personal de salud, todo ello sin la documentación respaldatoria ni trabajadores registrados correspondientes.
Con el procesamiento firme dictado por la Cámara Federal y el debate ya convocado, el juicio representará una instancia decisiva para determinar responsabilidades penales en torno al manejo de los fondos públicos que administraba la fundación, sumando un nuevo proceso judicial para la pareja tras los expedientes previos que investigan delitos contra las personas.
