Consideró que el empresario testaferro e la familia Kirchner es culpable de haber lavado más de USD 55 millones entre 2010 y 2013 a través de la financiera SGI, más conocida como «La Rosadita». La medida rige para todos los sentenciados en la causa.
En el marco de la causa conocida como «La ruta del dinero K», la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos por el delito de lavado de dinero.
En este caso, la Justicia determinó que el acusado blanqueó fondos por unos USD 55 millones que se originaron en una evasión fiscal, entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita».
Por falta de acuerdo, el tribunal debió llamar a conjueces para decidir en este caso y salieron designados Mariano Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes.
El sorteo se había llevado a cabo luego de que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, dos de los tres integrantes de la máxima instancia judicial del país, rechazaran los recursos presentados por la defensa de Báez y, así, optaran por dejar firmes las condenas que ya fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación. La grieta se abrió con Carlos Rosenkrantz, quien se pronunció por enviar el caso a la Procuración. Así, como no existieron tres criterios iguales para poder resolver la cuestión, se optó por nuevas designaciones de magistrados circunstanciales, quienes finalmente se inclinaron por confirmar la condena.
A partir de este punto, el tribunal oral que intervino en la causa deberá resolver ahora cuáles de las condenas son de cumplimiento efectivo y ordenar las detenciones que correspondan. En el caso de Báez, ya se encuentra en arresto domiciliario y con tobillera electrónica.
La investigación comenzó en 2013, cuando un informe periodístico del ya fallecido Jorge Lanata aseguraba que el empresario Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, había sacado del país los millones con maniobras financieras a cuentas en Suiza.
Tres años después, se reactivó la pesquisa ante la difusión de un video en la financiera SGI, en donde el hijo del principal acusado estaba contando billetes. En abril de 2016 ordenaron la detención de Báez y de su contador Daniel Pérez Gadín por temor a que se fugaran.
Con el avance de la indagatoria, quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación «ingresado en la cuenta de Austral, siempre fue Lázaro Báez, quien se valió de distintos coimputados para lavar el dinero de origen espurio, proveniente de hechos ilícitos de delitos tributarios», trascendió de la condena.
