En el tramo final del juicio por el femicidio de la joven chaqueña, la jueza Dolly Fernández rechazó los pedidos médicos impulsados por la defensa de los condenados, que buscaban dejar el terreno preparado para solicitar arrestos domiciliarios antes de que se conozcan las penas.
La causa por el crimen de Cecilia Strzyzowski ingresó en una fase decisiva con la reanudación de la audiencia de cesura, instancia en la que la Justicia determinará qué penas recibirán los integrantes del clan Sena y los demás condenados por el femicidio ocurrido en Chaco.
En ese marco, la jueza Dolly Fernández desestimó los pedidos presentados por la defensa de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña para la conformación de juntas médicas, que tenían como objetivo abrir el camino hacia futuras solicitudes de prisión domiciliaria.
El tribunal retomó este jueves la audiencia en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, luego de una jornada inicial atravesada por fuertes cruces entre las partes, planteos defensivos y cuestionamientos al veredicto del jurado popular que semanas atrás declaró culpables a los acusados.
Sin embargo, el eje del debate ahora está puesto exclusivamente en la pena que corresponderá a cada uno, tanto para los autores principales como para los partícipes.
Ante la presentación de los condenados, la magistrada fue clara al remarcar que la etapa de cesura no es el ámbito procesal para analizar supuestas patologías médicas ni posibles condiciones de detención. Bajo esa premisa, rechazó incorporar estudios clínicos, evaluaciones psicológicas y pedidos de peritaje que, según la fiscalía, buscaban sentar las bases de futuras estrategias defensivas para modificar el régimen de cumplimiento de la condena.
En paralelo, el Ministerio Público Fiscal también expuso su rechazo a los intentos de la defensa por reabrir la discusión sobre la culpabilidad de los acusados. Los abogados de los Sena habían solicitado la nulidad del veredicto, al afirmar que el jurado habría actuado bajo presiones externas y una fuerte influencia mediática. Sin embargo, la fiscalía consideró que esos cuestionamientos carecen de sustento legal y fueron planteados fuera de tiempo.
Las querellas acompañaron esa postura y recordaron que el proceso se desarrolló con plenas garantías constitucionales, con participación de ambas partes, instancia de control y un fallo unánime del jurado. En ese contexto, sostuvieron que los cuestionamientos actuales no son más que una maniobra para dilatar la definición de las condenas.
El pasado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, lo que lo expone a una pena de prisión perpetua. En tanto, sus padres fueron considerados partícipes necesarios, condición que también puede derivar en condenas de extrema gravedad.
Además del núcleo familiar, el tribunal también deberá resolver la situación de los colaboradores que intervinieron en tareas de encubrimiento, ocultamiento y eliminación de pruebas, puntos que quedaron probados durante el juicio oral.
En las próximas horas, la jueza Fernández deberá definir qué pruebas aceptará para la etapa final y, a partir de allí, fijar fecha para la lectura de las penas. Si no se alcanza una resolución inmediata, la audiencia continuará este viernes.
