La calificación legal pasó de “averiguación de causales de muerte” a “homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de sus funciones”
El fiscal que lleva adelante la causa por la muerte de Daiana Abregú, José Ignacio Calonje, ordenó la detención de cinco efectivos de la policía bonaerense. El 5 de junio, los efectivos estaban de guardia en la comisaría donde la joven fue hallada muerta en una de las celdas.
De esta manera, los agentes Vanesa Soledad Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur quedaron bajo la mirada de la fiscalía. Según Calonje, cada uno de ellos tuvo ‘un rol’ en el homicidio de Abregú, quien había sido detenida por una contravención menor y disturbios en la vía pública.
El Fiscal también pidió el allanamiento, requisa y secuestro de elementos en los domicilios de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes pasarán de sospechosos a imputados.
Por su parte, la madre de la víctima se mostró conforme con cómo continúa el proceso, aunque asegura que nada llenará el vacío de su pérdida. “No sé si esto me alegra tanto porque sé que van a ir presos y qué se yo. Pero no me devuelve a mi hija, de acá en más no la voy a tener, aunque agradezco a la gente que nos acompañó”, dijo María Laura Abregú.
El caso
Luego de ser detenida el domingo 5 de junio, los efectivos de la fuerza, llevaron a Abregú a los calabozos de la Estación de Policía Comunal de Laprida, localidad ubicada a 430 kilómetros al Sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires.
La versión policial indicó que se trató de un suicidio: desde la comisaría describieron que la joven había sido encontrada con una campera azul alrededor de su cuello. Sin embargo, la familia de la joven fallecida, desde un primer momento, desconfió de esa versión y cuestionó el accionar policial.
Una primera autopsia, realizada por la Asesoría Pericial del MPF en Azul, determinó que la asfixia fue la causa de muerte e indicó que la única lesión era la que supuestamente había provocado la campera en su cuello. No había otros golpes o signos de tortura.
Pero los resultados preliminares de un nuevo análisis forense sembraron aún más dudas sobre los dichos de los policías que estuvieron aquel domingo en la comisaría, ya que concluyó que Daiana no presentaba lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento y que murió por un cuadro general asfíctico.
“A la espera de los informes finales, este resultado echa por tierra la hipótesis del suicidio, tal como habían sostenido los funcionarios policiales desde el primer momento. Es decir, la escena en que fue hallado su cuerpo fue armada por los funcionarios policiales para ocultar lo ocurrido, confirmando varios indicios obrantes en la causa”, consideraron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que había solicitado ese procedimiento en carácter de particular damnificado institucional en sus funciones como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Desde la CPM explicaron que pidieron una segunda autopsia porque la primera “se realizó sin aplicar el protocolo de Minnesota y por lo tanto sin respetar los estándares internacionales mínimos de investigación en casos de muerte bajo custodia estatal”.
“Tampoco se realizaron radiografías, fotografías completas ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes, además no se completaron extracciones de piel que podrían dilucidar el origen de algunas lesiones que se observaban ya en ese momento”, agregaron.
