Más de 9 mil empleados públicos fueron atrapados en un escándalo de corrupción. Una investigación federal reveló un fraude multimillonario que sacude a la administración pública de Argentina.
En un escenario de total descontrol y desfalco del erario público, el Gobierno de Alberto Fernández dejó más de 9.000 empleados públicos de distintas provincias, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cobrando de manera irregular el plan social de Potenciar Trabajo.
La cifra exacta asombra: 9.413 personas involucradas en un flagrante acto de corrupción, según reveló la investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuán.
El Estado Nacional ha destinado a este «aguantadero» más de $7.000 mil millones de pesos cada mes. Anualizado, este desfalco alcanza una escalofriante cifra de $84.000 millones de pesos… y eso sin contar los bonos extras y aguinaldos ilegalmente percibidos.
La Provincia de Buenos Aires encabeza la lista negra con 2.243 empleados públicos corruptos, seguida de Tucumán con 1.145 y La Rioja con 1.060. Un verdadero festín para la casta que se enriqueció a costa del sufrimiento de los más vulnerables.
Las alarmantes cifras desvelan la utilización política y el manejo irregular de fondos destinados a los más necesitados. Pero eso no es todo, la corrupción alcanzó niveles obscenos cuando se descubrió que algunos beneficiarios disfrutaban de lujosos yates y aviones privados financiados con dinero del contribuyente.
La causa, caratulada como «defraudación contra la Administración Pública», está sacudiendo los cimientos del gobierno y exigiendo respuestas inmediatas. El fiscal Marijuán ha solicitado medidas urgentes para poner fin a este saqueo desvergonzado.
Esta debacle de corrupción ha obligado al gobierno a tomar medidas drásticas. Entre otras cosas, el programa Potenciar Trabajo ha sido disuelto y reemplazado por iniciativas más transparentes y eficientes.
El escándalo también puso de manifiesto la necesidad de una reforma profunda en el sistema de asistencia social de Argentina. Es evidente que el programa Potenciar Trabajo ha sido un fracaso rotundo, con apenas un 1,3% de los inscritos logrando encontrar empleo.
La gravedad del fraude queda aún más patente cuando se analiza el impacto económico. El desfalco equivale a un daño incalculable para la sociedad, con recursos que podrían haber sido destinados a infraestructura, educación, salud y otros servicios esenciales. Es un golpe brutal a la economía nacional y una traición a la confianza del pueblo argentino.
Pero lo más alarmante es la complicidad y negligencia de las autoridades encargadas de supervisar el programa. ¿Cómo es posible que este fraude masivo haya pasado desapercibido durante tanto tiempo? ¿Acaso no había mecanismos de control adecuados para detectar estas irregularidades? Las respuestas a estas preguntas deben ser urgentemente investigadas y los responsables llevados ante la justicia.
