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Tras un asesinato y denuncias de irregularidades, la Justicia intervino la obra social de los peones rurales y designó un administrador

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La Justicia federal dispuso la intervención de la obra social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osperera), por lo que decidió el desplazamiento del consejo directivo y designó a Néstor Acuña como administrador provisorio, tras una denuncia de irregularidades producto después que se conociera el asesinato a tiros del chofer de Pablo Miguel Ansaloni, vicepresidente de la obra social y opositor a José Voytenco, el actual jefe del sindicato.

En la resolución del juzgado federal de Santa Rosa, La Pampa, además de la suspensión provisional en el ejercicio de sus cargos a la totalidad de los integrantes del consejo directivo de Osperera, cuyo titular era el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, también encargó un proceso de auditoría del accionar respecto del patrimonio de los gremialistas y sus familiares.

La Uatre administra $ 600 millones mensuales mientras que su obra social, Osprera, maneja unos $ 2.800 millones. Estas cifras surgen de la contribución del 2% del sueldo de unos 400.000 afiliados activos, del aporte a la salud por parte de empleados y empleadores, y de otras fuentes de financiamiento como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y el Fondo Especial del Tabaco.

“Si el objetivo de la Justicia es despejar las dudas, bienvenida sea la actuación”, dijo Voytenco en un comunicado de prensa.

El titular del gremio de trabajadores rurales recordó que en el directorio de la obra social “se movía en minoría 4 a 1″, por lo que su peso como presidente estaba diluido ante el accionar de sus opositores.

“Una vez que la auditoría arroje los resultados nos va a permitir a los dirigentes tomar el control y saber el estado de situación en el que nos encontramos. Esperamos que eso suceda rápido”, añadió Voytenco.

Y continuó: “Yo me pongo a disposición de la justicia y espero que el resto de los compañeros tome la misma determinación”.

La situación del sindicato, que fue liderado durante muchos años por el fallecido dirigente Gerónimo ‘Momo’ Venegas, está signada por una interna entre dos sectores que se enfrentan entre sí, como ocurrió en diciembre, cuando el espacio que conduce Pablo Ansaloni “se presentó para competir por el control del sindicato y perdieron”, se consignó en el comunicado.

En ese contexto, surgió una denuncia promovida por una afiliada y delegada de la obra social en La Pampa que hace foco en la interna sindical que mantuvieron Voytenco y Ansaloni, que habría derivado en un “paulatino deterioro de la calidad de las prestaciones de la obra social en los últimos meses”.

“La falta de prestaciones médicas se ha agravado en el último tiempo debido a la interna político gremial que mantienen Voytenco, presidente de la obra social, con Ansaloni, vicepresidente de la misma, y en mayor medida luego de las elecciones internas que se celebraran el pasado 21 de diciembre en el seno de la Uatre, en la que los mencionados compitieron electoralmente con listas separadas”, señala la denuncia.

El crimen del chofer de Ansaloni, en tanto, ocurrió en noviembre del año pasado en la ciudad bonaerense de Colón. El hombre, llamado Mauricio Cordara (45), se trasladaba en un Volkswagen Vento y había llegado hasta su domicilio junto a los hijos del gremialista tras retirarlos del colegio. Entonces se le acercó un hombre vestido con remera azul, jeans y una gorra, y lo atacó a balazos. El chofer recibió nueve disparos a corta distancia y murió casi en el acto. El asesino se escapó a bordo de otro vehículo. La última semana de febrero fue detenido en Rosario el sospechoso de contratar al asesino, mientras que para los investigadores el criminal se equivocó de persona y el verdadero objetivo del ataque era el mismo Pablo Ansaloni.

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